La polémica sobre los falsos MENAs en España suma nuevos datos que desmontan el relato oficial. La Policía Nacional ha detectado 540 casos en los últimos dos años en los que padres extranjeros abandonan a sus hijos en territorio español para que entren en el sistema de protección como menores no acompañados. El fenómeno revela una práctica organizada que utiliza el sistema de acogida como vía de entrada a Europa..
Un fenómeno creciente
Los datos de la Policía Nacional revelan 540 casos de abandono de menores extranjeros detectados en los últimos dos años. La mayoría procede de familias de origen marroquí que envían a sus hijos a España con el objetivo de que sean acogidos por el sistema de protección de menores.
Los agentes han detectado patrones organizados o inducidos detrás de estos desplazamientos. En muchos casos, los menores no actúan de forma autónoma. Sus propias familias planifican el viaje y conocen perfectamente los pasos que deben seguir al llegar a España.
Los jóvenes suelen acudir directamente a comisarías, centros sociales u organismos públicos para declarar que se encuentran en situación de abandono. De esta forma entran automáticamente en el sistema de protección de menores financiados con recursos públicos. En numerosos casos, las familias conocen perfectamente el funcionamiento del sistema e incluso visitan posteriormente a sus hijos antes de regresar a su país de origen.
Reincidencia tras alcanzar la mayoría de edad
Las autoridades también han detectado otro fenómeno preocupante. Algunos falsos MENAs vuelven a intentar entrar en el sistema incluso después de alcanzar la mayoría de edad.
La Policía advierte de enormes dificultades para comprobar: la edad real de los menores; su identidad y los posibles antecedentes en su país de origen
Centros saturados en toda España
El crecimiento del fenómeno coincide con el colapso de los centros de acogida de menores en España. El Gobierno aprobó recientemente una reforma de la ley de extranjería que obliga a repartir a los menores entre comunidades autónomas cuando una región triplica su capacidad de acogida. Sin embargo, la presión migratoria continúa aumentando. El caso más extremo se encuentra en Ceuta, donde los centros de menores alcanzan una sobreocupación superior al 959%, según datos del Ministerio del Interior.
Problema mucho mas profundo
No basta con hablar únicamente de la saturación de los centros de acogida de MENAs, porque ese análisis se queda en la superficie del problema. Los datos policiales apuntan a algo mucho más profundo: existe un patrón repetido en el que familias marroquíes envían a sus hijos con instrucciones claras para entrar en el sistema de protección español. Esto revela una hoja de ruta que permite introducir progresivamente jóvenes marroquíes en España, utilizando los recursos públicos como puerta de entrada. En la práctica, muchos de estos menores pasan a vivir durante años bajo tutela institucional, sostenidos por el sistema público, lo que convierte este fenómeno en una forma de inmigración masiva silenciosa que apenas recibe debate político serio.
A esta situación se suma la permisividad política del Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene políticas migratorias que actúan como un efecto llamada. La falta de controles eficaces y la ausencia de medidas firmes para frenar estos abusos envían un mensaje claro a quienes desean utilizar este mecanismo para entrar en España. Cuando las instituciones permiten que el sistema se use de forma fraudulenta, el problema deja de ser puntual y se transforma en un fenómeno estructural.
Por eso, la cuestión de los MENAs debe analizarse en un contexto mucho más amplio. No se trata únicamente de menores desamparados que necesitan protección, sino de un fenómeno que se debe vincular con la creciente presión migratoria procedente de Marruecos hacia territorio español. En ese marco, el uso del sistema de menores aparece como una de las múltiples vías de entrada dentro de un proceso migratorio constante que tiene un objetivo: la anexión por parte de Marruecos de las ciudades españolas de Ceuta, Melilla, Islas Canarias y el sur peninsular. Ignorar esta dimensión estratégica del problema impide comprender la magnitud real del fenómeno y dificulta cualquier respuesta política seria.
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