La Ley Bolaños representa el mayor intento de Pedro Sánchez para consolidar su golpe de estado y acabar con la independencia judicial en España. Esta reforma, presentada por Félix Bolaños, otorgaría, entre otras cosas, a la Fiscalía el control de las investigaciones, apartando a jueces imparciales y dando el paso definitivo hacia un modelo dictatorial.
Con esta ley, el Gobierno pretende que los casos de corrupción que acorralan a Sánchez y a su entorno directo —como los de su esposa, su hermano y su Fiscal General— pasen a estar controlados por una Fiscalía subordinada al Ejecutivo.
Miles de ciudadanos ya han dicho basta. En solo unos días, se han recogido cerca de 100.000 firmas exigiendo al Parlamento Europeo que intervenga y frene esta deriva dictatorial. La sociedad civil, liderada por organizaciones como Hazte Oír, ha activado todas las alarmas.
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El plan de impunidad: blindar la corrupción del PSOE
La Ley Bolaños no es una simple reforma legal. Es un plan de impunidad diseñado por Sánchez para protegerse ante los múltiples frentes judiciales que lo cercan.
Según Javier María Pérez-Roldán, principal letrado de Hazte Oír, “el objetivo de Sánchez es claro: controlar los casos judiciales, eliminar a los jueces independientes y poner toda la maquinaria del Estado al servicio del PSOE”. Esta denuncia ha sido presentada nada menos que ante la ONU en Ginebra, lo que demuestra la dimensión internacional del escándalo.
El texto legal prevé que la Fiscalía, controlada políticamente, dirija las investigaciones judiciales e incluso supervise las actuaciones de la UCO de la Guardia Civil, el cuerpo que ha destapado numerosos casos de corrupción ligados al Gobierno socialista. No es casualidad que ahora quieran silenciarla.
Reacción masiva: protestas, huelga y denuncias ante Europa
La respuesta social y jurídica ha sido contundente. Jueces y fiscales de toda España han protestado públicamente contra la Ley Bolaños.
Las acciones legales han sido múltiples. Se han presentado denuncias ante el Parlamento Europeo, la Comisión de Libertades Civiles, el Comisario de Justicia y el Comisario de Democracia y Estado de Derecho. No ha quedado puerta sin tocar.
Europa ya conoce los planes de Sánchez, y la presión internacional comienza a surtir efecto. Si logramos elevar la presión política y ciudadana, el plan podría quedar paralizado este mismo verano.
Sánchez, entre la desesperación y la estrategia del caos
Sánchez actúa como lo hacen los tiranos en sus últimos días: apresurado, sin consenso, y recurriendo a decretos y leyes exprés. Sabe que su tiempo se agota y que su mayoría parlamentaria ya no lo respalda.
Lo intentó con la fallida “Ley Begoña”, con la que buscaba eliminar las acusaciones populares y frenar los casos que lo afectan directamente. Al fracasar, ha vuelto a la carga con la Ley Bolaños, más agresiva y peligrosa.
Su obsesión por controlar la justicia refleja su temor a tener que rendir cuentas. En lugar de responder ante los tribunales, prefiere transformar el Estado de Derecho en un aparato al servicio del partido. Es el último recurso del dictador moribundo.
La sociedad civil toma la iniciativa
La ciudadanía, sin apoyo institucional, ha demostrado que la lucha por la justicia y la libertad no está perdida. Las campañas de recogida de firmas, las denuncias ante organismos internacionales y la movilización judicial son una muestra del poder de la sociedad libre.
Organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias han logrado visibilizar la amenaza que representa la Ley Bolaños, incluso en los medios internacionales. La presión ya está generando resultados y, si se mantiene, puede frenar este intento de golpe institucional.
Miles de españoles han entendido que esta ley es mucho más que una reforma legal: es el jaque mate al estado de derecho. Y han decidido no quedarse de brazos cruzados.
Llamamiento urgente: es ahora o nunca
Cada firma, cada denuncia y cada protesta envía un mensaje claro: España no acepta ser gobernada por un poder que pisotea la justicia. Sánchez debe saber que no puede actuar con total impunidad.
La Ley Bolaños representa una línea roja. Si la traspasamos sin resistencia, nada impedirá que el poder político se adueñe del sistema judicial y liquide las libertades.
Por eso, este es el momento de alzar la voz.
