La monarquía está tocada. La trayectoria del rey emérito en los últimos tiempos le ha hecho mucho daño. La conducta fue errática en los años finales de su reinado, pero lo ha continuado siendo después. Y, además, innecesariamente». Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, hace un primer diagnóstico de la repercusión que puede tener para la Corona la última polémica levantada en torno al padre de Felipe VI en la investigación sobre las supuestas comisiones irregulares cobradas en la construcción del AVE a La Meca.
La Fiscalía se centra en los hechos que ocurrieron después de junio de 2014, una vez Juan Carlos I abdicó, porque en ese momento dejó de estar protegido por la inviolabilidad prevista para el jefe del Estado en la Constitución. La investigación apunta a un posible delito de blanqueo y lo que el Ministerio Público debe verificar es si hay indicios de que ocurriera después de que don Juan Carlos cediera el trono a su hijo.
En todo caso, los expertos constitucionalistas consultados por este diario coinciden en que una institución «tan dañada» cuesta mucho «rehacerla y colocarla en el mismo lugar en el que llegó a estar». Por ejemplo, después del 23-F cuando «todo eran adhesiones al Rey», explica Torres del Moral. De ahí, que el catedrático de la UNED asegure que «tendría sentido que se marchara». «El rey emérito está siendo una pieza disfuncional porque esto ha caído muy mal en la opinión pública. Poner tierra de por medio nunca va a ser malo y sería una manera de intentar restablecer la monarquía».
A su juicio, la Corona necesita desvincularse por completo de su figura para intentar recomponerse. Si en marzo Felipe VI decidió retirar a su padre la asignación pública con cargo a los Presupuestos Generales y renunció, aunque de manera simbólica, a una futura herencia tras conocerse la investigación de las autoridades suizas por unas cuentas de dinero que procedería de Arabia Saudí, «ahora la opinión pública tiene que ver que está realmente despegado, que institucionalmente deja de pertenecer a la Familia Real», concluye Torres del Moral.
También Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, entiende que «la única manera» de que la institución se sobreponga a la situación actual pasa por la marcha del rey emérito. «Hace falta que se desvincule del todo. Será un servicio más, el último, que prestará a España. Ya no se puede considerar nada como un desliz. No hay justificación. Y a pesar del legado político tan importante que acumulaba, como ciudadano lo ha terminado dilapidando. Ese será su último servicio».
El debate también se abre en torno a cómo debería producirse la marcha si finalmente ocurriera. Torres del Moral entiende que debe ser una cuestión pactada con el rey Felipe, señalando que constitucionalmente no sería necesario un trámite como tal. Tajadura sí se inclina por una «operación de Estado» similar a la abdicación, discreta pero que contara con el concurso no solo del Gobierno, sino de los principales partidos políticos de la oposición.
«Tiene que ser algo pactado. Ahora, con el tiempo, vemos cuán necesaria era la abdicación. Aquello fue un paso, pero hace falta dar otro, el definitivo, y desvincularse del todo, por el bien de la institución. Lo mejor sería una concertación de los grupos políticos y que el actual Rey saliera apoyado y respaldado por ellos y por Ejecutivo», continúa Tajadura.
En ningún caso, repiten, podría interpretarse como una «huida» por las investigaciones en marcha. «En mitad de esta situación podría producirse esa sensación. Habría que disipar cualquier duda al respecto y dejar claro que, en caso de ser requerido para una declaración o cualquier acción de la justicia, volvería para ese cometido y, después, se volvería a marchar», sugiere Tajadura.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, también valora casi como única opción la marcha del rey emérito, aunque se inclina por esperar a que finalice el episodio judicial. «Y si no tiene más consecuencias, simplemente debería irse. El gesto sería así inequívoco y evitaría cualquier otra lectura», explica, citando a José Antonio Zarzalejos, que ya en el mes de marzo advirtió que Juan Carlos I «debía dejar de utilizar las instalaciones de Patrimonio Nacional» y «retirarse a vivir a un país europeo para no seguir estorbando a la Corona».
«Para restablecerse, al menos en parte, el prestigio de la monarquía, un gesto de distanciamiento dejando España podría ayudar», continúa Arbós. «Lo que está claro es que el rey emérito no puede ya participar en la institución ni protagonizar apariciones de ningún tipo. Es duro para la Familia Real, pero no debe figurar más. La opinión pública está muy espoleada por grupos que ponen en entredicho la continuidad de la monarquía y el daño es muy grande más allá de la acción de la justicia y de lo que suceda», insiste Torres del Moral.
Sobre el papel de Felipe VI, los tres constitucionalistas coinciden en que la actitud hasta el momento es la correcta y dudan de que esté a su alcance alguna otra acción. «Siempre se ha comportado con total rectitud y la sociedad ha visto las diferencias que existen entre ambos. Eso es lo que tiene que seguir pasando sin necesidad de escenificar ninguna otra cosa. La ruptura quedó demostrada con sus últimas decisiones y siempre ha insistido en su voluntad de atenerse a la Constitución», señala Torres del Moral.
«Aunque los tiempos son otros y la aspiración de llegar a la popularidad que cosechó su padre hace 40 años no parece posible, el Rey no puede tirar la toalla nunca y ha demostrado siempre un comportamiento ejemplar», añade el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
Arbós sí se refiere a los tiempos actuales y las dificultades que en algunos momentos ha enfrentado la monarquía como árbitro institucional: «Ante los obstáculos para formar Gobierno y a las puertas de una repetición electoral, dio la sensación de que faltó algo. Inspirándonos en la terminología italiana, lo que se llama externalizar. Hacer patente su preocupación como pilar esencial de las instituciones. Incluso una llamada a los líderes políticos para evidenciar que no se quedaba como mero espectador a la espera de los acontecimientos. La Corona está alejada de la política y así debe ser, pero eso no significa no evidenciar y defender en todo momento el papel de las instituciones. Los tiempos han cambiado también en ese sentido», concluye Arbós.
(El Confidencial)
