A Pablo Iglesias, a Irene Montero y a todos los podemitas del montón que tiene Pedro Sánchez en el Gobierno no les echan ni con agua hirviendo.
Comprar y mantener un casoplón como el de Galapagar, en plena sierra norte de Madrid, tiene unos costes que, por supuesto, siempre son más sencillos de afrontar cobrando del sufrido contribuyente español.
Porque, para que lo tengan en cuenta nuestros avezados lectores, los llamados ‘marqueses de Galapagar’ se levantan anualmente entre ambos más de 150.000 euros de vellón.
Por eso no es de extrañar que en la última ‘cumbre podemita’ se optase por eliminar ciertas trabas salariales que se habían autoimpuesto los de Iglesias, lo de los tres salarios mínimos de tope como sueldo.
Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista se ha beneficiado de la subida de sueldo de los funcionarios y empleados de organismos públicos y ahora mismo estaría percibiendo alrededor de 79.746 euros anuales, repartidos en 12 mensualidades y sin pagas extraordinarias. Unos 6.645,5 euros al mes.
Si tuviese la limitación salarial que se había aprobado en Podemos para los cargos públicos, solo ganaría 2.850 euros al mes y 34.200 euros al año. No obstante, para quien tuviera hijos podría ganar, según esa regla de los morados. 4,5 salarios mínimos. Por tanto, la cantidad máxima que debería percibir, en función de la normativa de su partido, sería de 51.300 euros al año, unos 4.275 al mes.
Irene Montero cobra 74.858 euros al año, unos 6.238 al mes. No obstante, de cumplir con la obligación de los tres salarios mínimos (4,5 en el caso de tener descendencia) la cantidad debería reducirse también a 51.300 euros al año.
UNA SOSPECHOSA RED CLIENTELAR
Sueldazos, chalet y lujos podemitas al margen, sigue coleando el asunto de la ‘caja B’ de Unidas Podemos.
Cuando Manuela Carmena abandonó el Ayuntamiento de Madrid dejó tras de sí un reguero de sospechas en la oposición sobre una ‘red clientelar’ para beneficiar a empresas afines a Ahora Madrid y una denuncia ante la Fiscalía que cifraba en 20 millones de euros el dinero que estas sociedades habrían recibido.
Una de las empresas regadas con dinero público por el Gobierno de Carmena es Kinema, fundada por el diputado morado Rafael Mayoral y a la que apunta el juez que investiga la financiación ilegales de Podemos y su ‘caja B’.
La gerente del partido ‘morado’ imputada en la causa, Rocío Val, fue vicepresidenta de esta organización, fundada también por el diputado Rafael Mayoral, hasta que accedió al cargo.
(Juan Velarde. Periodista Digital)
