El Gobierno no quiere controlar la frontera de Gibraltar como propone la Comisión Europea y cede a la UE el control de la frontera con Gibraltar. La UE acepta su renuncia a controlar el paso fronterizo de Gibraltar
Los efectos del Brexit no cesan. Si en los últimos días se han podido ver todo tipo de imágenes debido a la escasez de combustible en Reino Unido, otros efectos de la salida del país aún están por llegar. Un nuevo frente que se ha abierto es el de la frontera entre España y Gibraltar que entra en contraposición a la intención de la Unión Europea de “suprimir barreras físicas”.
En efecto, el mandato de la UE para negociar la relación con Gibraltar apuesta por «suprimir las barreras físicas» para facilitar la libre circulación de personas entre el territorio y la Unión Europea siempre que España controle el paso fronterizo en aeropuerto y puerto, si bien recoge la «intención» de las autoridades españolas de ceder a la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) ese control.
En esa línea el mandato expone que “España ha expresado su intención de solicitar la asistencia de Frontex dentro de los límites y condiciones del reglamento sobre la agencia para implementar las obligaciones de control fronterizo dentro del futuro acuerdo durante un periodo de cuatro años”. Esto es lo que recoge el mandato validado este viernes por los embajadores de los 27 países de la UE.
Recoge la demanda británica
De este modo, el texto modifica la redacción inicial propuesta por Bruselas y recoge la demanda británica de que el control de la frontera exterior no quede en manos de España. La asistencia de Frontex sería de cuatro años, el mismo plazo que fija el mandato para evaluar la puesta en práctica del acuerdo por las dos partes y que ambas decidan si continuar con el mismo régimen o darlo por concluido.
La propuesta de mandato presentada en julio por el Ejecutivo comunitario irritó a Reino Unido por evitar toda mención a Frontex y reservar a la competencia exclusiva de España el control de la frontera en el aeropuerto y el puerto, algo que para Londres suponía un ataque a su soberanía y no estaba dispuesto a negociar.
En estos meses, las capitales han introducido «una serie de cambios» en el documento antes de contar con el visto bueno de todos los Estados miembros, según fuentes europeas. Una vez sea adoptado formalmente la próxima semana en una reunión de ministros de la UE, la Comisión Europea, responsable de negociar en nombre de la UE, podrá iniciar las conversaciones con Reino Unido.
Pero esto es un regalo envenenado en toda regla porque significa de facto una rendición del Gobierno español. El Gobierno de Pedro Sánchez desaprovechó la negociación del Brexit para reclamar la soberanía de Gibraltar al Reino Unido. Una rendición en toda regla del Ejecutivo socialcomunista. Ahora, Sánchez sigue rindiendo pleitesía a los británicos y, ante la propuesta de la Comisión Europea de que se elimine la Verja y España se encargue del control fronterizo en el aeropuerto del Peñón y en los puertos, de nuevo claudica y pide que sean agentes de Frontex lo que se encarguen de la tarea.
El acuerdo necesitará la ratificación de España
El documento que los 27 formalizarán la semana próxima con el ánimo de iniciar las conversaciones con los británicos en las semanas que sigan establece además que se negociará «en pleno respeto de la integridad territorial» de los Estados miembro y sin afectar a la posición legal de España respecto a la soberanía y jurisdicción de Gibraltar.
Junto al mandato, el Consejo ha incluido una declaración propia para dejar claro que la supresión de la Verja busca asegurar el desarrollo y prosperidad de la región y «no puede ser interpretado como la participación de Gibraltar en el acervo de Schengen».
De este modo, la UE quiere evitar que el resultado de un acuerdo de los 27 con Reino Unido sobre el Peñón se interprete como una ampliación del espacio europeo sin fronteras ni de la Unión Aduanera. En todo caso, sea cual sea el resultado de las negociaciones entre Bruselas y Londres, el escrito advierte también de que «necesitará el acuerdo previo del Reino de España» para ser aceptado por el bloque.
Los Veintisiete se hacen cargo de la «situación geográfica particular» de Gibraltar y de la «relación especial» con España, por lo que abogan por negociar un acuerdo «amplio y equilibrado». Un acuerdo, añaden, que esperan sirva para el desarrollo social y económico no solo de Gibraltar sino también de la región española del Campo de Gibraltar.
