Cuando se decretó, el pasado 25 de octubre, la incidencia acumulada era de 410,18 casos por cada 100.000 habitantes. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días se encuentra en 134,08 casos.

España lleva cinco meses instalada en el inédito estado de alarma impuesto por Pedro Sánchez. Cuando se decretó, el pasado 25 de octubre, la incidencia acumulada era de 410,18 casos por cada 100.000 habitantes. Un nivel sin duda preocupante que aumentaba de forma vertiginosa.

El plan ‘marco’ que el Gobierno consensuó con las comunidades el pasado octubre para hacer frente al virus –Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19– establecía la aprobación de medidas excepcionales en el «nivel de riesgo 4». Este plan ha sido actualizado este pasado viernes.

El nivel de riesgo se determina en función de una serie de indicadores, siendo sin duda la incidencia el más relevante. Y el plan determina como riesgo «muy alto» por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Un umbral que el país no conoce desde el pasado 23 de febrero. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días se encuentra en 138,63 casos. 

Si atendemos a la incidencia a 7 días, el documento califica como riesgo «muy alto» por encima de los 125 casos. En la actualidad, ese indicador está en los 67,83.

Según el informe de indicadores principales de seguimiento del Covid-19 elaborado por Sanidad, sólo la Comunidad de Madrid se encontraría en el nivel de riesgo 4 que llevaría al estado de alarma. Sin embargo, estos días cómo el Gobierno obvia los datos que sacarían a la región presidida por Isabel Díaz Ayuso del riesgo extremo.

España lleva 5 semanas con menos contagios de los que Sánchez fijó para justificar el estado de alarma
Fuente: Informe de indicadores principales de seguimiento de Covid-19. Ministerio de Sanidad.

El estado de alarma estableció medidas polémicas, como el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Además, determinó que las comunidades podrían limitar la entrada y salida de sus territorios. Una medida que, en la práctica, acabó siendo obligatoria en muchos momentos, como la próxima Semana Santa, aún con el criterio en contra de regiones como la Comunidad de Madrid.

El plan establece que «el nivel de alerta 4, además de las actuaciones del nivel 3, supondrá la toma de medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales».

«En el caso de que su adopción requiriera de la activación del mecanismo previsto en el artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el presidente de la comunidad autónoma solicitará al Gobierno la declaración de estado de alarma, con arreglo a lo previsto en el artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio».

De esta forma, Sánchez se saltaría con su estado de alarma los umbrales que estableció para los presidentes autonómicos. Cabe recordar que dicho plan se aprobó antes de que el Gobierno decretase un estado de alarma general.

Prórroga de la alarma

El Gobierno deberá decidir en los próximos días si se prorroga el actual estado de alarma, que expira el próximo 9 de mayo. En este tiempo, Sánchez sólo ha accedido a informar al Congreso cada dos meses de la marcha de esta medida excepcional. Lo ha hecho en sesiones sin valor alguno puesto que los diputados no podían votar.

En distintas manifestaciones, desde el Ejecutivo se ha asegurado que la intención es no llevar más allá el estado de alarma. Pero el debate aún no está cerrado. La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha advertido que algunas medidas podrían seguir siendo de obligado cumplimiento.

Esta semana, Sanidad ya intentó acordar con las regiones un cierre adelantado de las actividades no esenciales a las 8 de la tarde para la Semana Santa. Un nuevo golpe a la hostelería, ya muy castigada. La medida no logró el respaldo necesario en la Comisión Interterritorial, pese a que el PSOE cuenta con mayoría.

En cualquier caso, el Gobierno ya intenta imponer medidas más severas a través de otras vías. En una revisión del plan de actuaciones, aprobado este viernes, se propone el cierre del interior de los establecimientos cuando la incidencia sea de 150 casos, inferior a lo que ahora se exige.

(Luz Sela. OK Diario)

Por Redaccion

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