Casi la mitad de estas personas pasan más de tres años en la calle, lo que dificulta que recuperen su autonomía laboral y social
El problema de las personas sin hogar en España ha alcanzado niveles alarmantes, reflejo de un sistema incapaz de ofrecer soluciones reales mientras las administraciones se limitan a pasarse la «patata caliente».
Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el número de personas sin hogar no ha dejado de crecer, dejando al descubierto la indiferencia de un Sánchez más preocupado por la foto que por abordar las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
Un panorama desolador: cifras que no engañan
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas sin hogar ha aumentado un 25% en la última década, superando la capacidad de los albergues, que cuentan con apenas 26.690 plazas disponibles. Sin embargo, las cifras oficiales solo reflejan una parte del problema, ya que no incluyen a aquellos que viven de forma permanente en la calle. Según estimaciones, el total de personas sin hogar en España podría rondar las 37.000 personas, lo que supone un déficit estructural en recursos de acogida, tal como recoge Voz Populi.
A esto se suma que, según Eurostat, siete de cada cien personas están en riesgo de quedarse en la calle y, que cerca del 40% de las personas sin hogar llevan más de tres años en esta situación, lo que agrava aún más su exclusión social y dificulta su reinserción laboral. «La cronificación de estas situaciones supone más gasto que procurarles una garantía habitacional temporal que permita al afectado ordenar su vida», señalan expertos en la materia.
El principal factor que alimenta esta crisis es el «problema enorme de vivienda» que sufre España. Alquilar un hogar se ha convertido en un lujo inaccesible para muchos, mientras que la «red de seguridad» social es cada vez más deficiente.
Un retrato de las personas sin hogar en España
El perfil predominante de las personas sin hogar en España es el de varones de entre 45 y 55 años, afectados por una combinación de factores. «Suelen ser personas que al mismo tiempo que se divorcian, pierden el trabajo…», explican los especialistas. La pérdida de vivienda, causada principalmente por la imposibilidad de mantener el pago del alquiler, es el detonante en el 40% de los casos.
Sin embargo, el drama de las personas sin hogar no discrimina por edad: el 20% de las personas sin hogar tiene menos de 30 años, según datos del Instituto de Juventud. Este dato es especialmente preocupante, ya que refleja cómo la precariedad económica está afectando a generaciones cada vez más jóvenes, impidiéndoles construir un futuro estable.
Administraciones que miran hacia otro lado
El agravamiento de este problema se ve amplificado por la falta de liderazgo y coordinación entre administraciones. Mientras los ayuntamientos son los responsables de atender a las personas que viven en la calle, el Estado debería ser quien proporcione la financiación necesaria para ofrecer soluciones estructurales. Sin embargo, esta confusión de competencias se traduce en una falta de acción concreta, dejando a los más vulnerables atrapados en un limbo burocrático.
El problema principal es que no está muy claro quién debe liderarlo, esta ambigüedad permite a las administraciones «esconderse» y no asumir responsabilidades.
La indiferencia y el abandono de Pedro Sánchez
Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el número de personas sin hogar no solo ha crecido, sino que ha quedado relegado a un problema invisible en la agenda política. Más preocupado por el marketing personal y los titulares que por las verdaderas urgencias sociales, Sánchez ha demostrado una alarmante falta de compromiso hacia las personas más desfavorecidas.
En lugar de promover políticas públicas efectivas que aborden la raíz del problema, el Gobierno ha permitido que las administraciones escurran el bulto. Esta actitud refleja una clara desconexión con la realidad: mientras Sánchez busca lucir en foros internacionales, miles de personas duermen en la calle, sin opciones ni esperanza.
La indiferencia de las autoridades, sumada a la falta de voluntad política de un Gobierno más centrado en sus propios intereses, condena a miles de personas al olvido.
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