La ley del aborto se aprobará en primera lectura este martes y deberá recibir después aportaciones de otros ministerios
El Gobierno continúa negociando algunos de los puntos incluidos en la ley del aborto en la que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo, como la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la ‘tasa rosa’ o la prohibición de los vientres de alquiler.
El Ejecutivo tiene previsto aprobar esta norma en primera lectura en el Consejo de Ministros de este martes, pero la redacción del contenido todavía no se ha completado a causa de estos ‘flecos’ en los que todavía no ha habido consenso.
Este viernes, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, hacía un llamamiento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que «recapacite» en cuanto a la ‘tasa rosa’.
El objetivo del departamento de Irene Montero en la ley es que el IVA actual a los productos de higiene femenina, como compresas, tampones, copas menstruales y protegeslip, que se sitúa en el 10%, se baje hasta el tipo superreducido del 4% o, incluso, que se elimine.
APORTACIONES DESDE JUSTICIA
Otra de las propuestas de Igualdad que sigue en el ‘aire’ es la prohibición de los vientres de alquiler, que sigue siendo negociada con Justicia.
El ministerio que dirige Pilar Llop ha explicado que están analizando el texto para, como ocurre con todos los anteproyectos de ley que son aprobados en primera vuelta en el Consejo, realizar las aportaciones necesarias al mismo.
Y es que, tras su aprobación el martes por parte del Gobierno, el texto deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento.
ACUERDO PARA EL ABORTO
En donde sí se ha conseguido ya el consenso entre los socios de Gobierno es en los artículos sobre el acceso al aborto de las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno. Esta es la medida que motivó principalmente esta reforma, en la que además se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar y se obliga a reforzar el sistema público para ofrecer este servicio en los centros públicos.
En este sentido, el anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la Ley de Eutanasia.
