«Sumisión o cancelación», esta es la disyuntiva de la dictadura mediática que Pedro Sánchez plantea a los medios de comunicación.
Dinero y publicidad estatal para aquellos medios que tengan un discurso afín al gobierno. La censura, la represión y la cancelación para los críticos
Ayer comentábamos en Adelante España las 4 fases del golpe de estado que está dando Sánchez para imponer la censura y represión en los medios de comunicación. Este plan es para controlar y cancelar a los medios críticos y disidentes. Sánchez no quiere la libertad de expresión. Odia las discrepancias y está dispuesto a reprimir cualquier tipo de disidencia.
El mensaje es claro: Sumisión y prebendas o cancelación y represión. O estás conmigo, y transmites lo que yo quiero, o te cancelo.
¿Y qué hará con los afines o con aquellos que se adapten y se sometan a sus intereses?
Con los afines y sometidos hará lo propio de las dictaduras: prebendas y dinero para los que siguen sus planes. Es por ello que para «comprar» a los medios y su mensaje Moncloa modificará los criterios de reparto de decenas de millones de euros de publicidad institucional
En efecto, el plan que maneja Moncloa es modificar los criterios de reparto de la publicidad institucional. Así, dentro del Ministerio de la Presidencia, dirigido por el filomasón Félix Bolaños, se está elaborando una reforma de los criterios de reparto de la publicidad institucional que pretende modificar el actual modelo y que afectará principalmente a los medios de comunicación.
Plan Anual de Publicidad Institucional de 2025: centralización y control de los medios
Según avanzó hace unos días Adelante España, el Gobierno trabaja desde hace varios meses en este proyecto y espera presentarlo en otoño. Es decir, antes de que se asignen las campañas del Plan Anual de Publicidad Institucional de 2025.
Entre los objetivos que persigue se encuentra el de centralizar en Moncloa el reparto de las campañas, de modo que mejore la coordinación entre ministerios a la hora de repartir estos fondos, que en 2024 ascienden a 138 millones de euros.
El Ejecutivo también sopesa la implantación de un nuevo criterio -subjetivo- a la hora de determinar el destino de los anuncios institucionales, tanto de los ministerios como de las empresas públicas.
Añade nueva condición para el reparto. Quiere tener en cuenta lo que denomina la aportación a la ‘sostenibilidad democrática’ de los medios de comunicación, lo que se mediría, entre otras cosas, en función de la calidad de sus informaciones y de su relación con las siglas ESG (que se refieren, en inglés al medio ambiente, el aspecto social y la gobernanza). para diferenciar los medios que ayudan a la “sostenibilidad democrática” de los que no lo hacen. De ese modo, se podría guiar a los anunciantes sobre cuáles son las plataformas idóneas para invertir, las que son democráticas según el gobierno . Y, además, señalaría cuales son los mensajes a transmitir.
Sería un planteamiento subjetivo decidido según los intereses del gobierno. En definitiva, el gobierno dará la publicidad, y por ende, los ingresos por este concepto, a aquellos medios afines ideológicamente, y no a los mejores medios ni a los de mayor incidencia. Es un método subjetivo, unilateral y sectario.
El mensaje es claro: Sumisión y prebendas o cancelación y represión. O estás conmigo, y transmites lo que yo quiero, y como consecuencia de ello, te doy dinero a través de la publicidad o te castigo sin ningún tipo de publicidad institucional
Prisa, obviamente, como medio afín ideológicamente al gobierno ha defendido este punto en público y en privado. Y este es el criterio en el que está trabajando desde Presidencia.
Fuente: Rubén Arranz | El Independiente
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