El fraude de la democracia | José Ignacio Echegaray

En mayo de 2019 escribí sobre las imperfecciones de la democracia, al menos de esta democracia, la de España. Desde entonces han sucedido muchas cosas que, muy a mi pesar, me han ido dando la razón de lo que allí decía.

Nos hacen creer que estamos en una democracia cuando, en realidad, lo que estamos viviendo está mucho más cerca de una dictadura. Obviamente, tenemos aspectos que son propios de una democracia, el más importante, que se celebran elecciones y podemos votar libremente. Otra cosa es la capacidad de influir fraudulentamente sobre los votantes, mintiéndoles y desviando la atención hacia promesas que saben que no van a cumplir.

La democracia, como cualquier régimen político, tiene sus imperfecciones, pero la nuestra es manifiestamente mejorable. En un régimen político dónde se practica el “todo vale”, no podemos decir que sea una democracia.

Efectivamente, no existe un sistema político para gestionar una nación que sea perfecto, pero de ahí a que el que esté en el poder pueda hacer lo que quiera y como quiera, hay una gran diferencia. La democracia tiene que defenderse de los intrusos que la utilizan para alcanzar unos objetivos cuya finalidad no es otra que su destrucción.

Es imperativo que un régimen democrático se proteja con normas que eviten los abusos y que no pueda ser atacada desde su propio núcleo:

1.- Los puestos del gobierno (presidencia y ministerios) y todos los que son de libre designación (direcciones generales, asesores, etc.), no pueden ser ocupados por personas cuyas competencias profesionales no sean las que exigen estos cargos. Tienen que estar en posesión de una formación que avale su valía (mínimo una carrera universitaria de grado superior y un postgrado más un idioma). Deben aportar un CV que demuestre una amplia experiencia en el sector privado en puestos de alta responsabilidad y con logros demostrados en la resolución de problemas graves y haber logrado con éxito los objetivos que se le hayan fijado.

No podemos dejar la gestión de España en manos de uno que pasaba por allí. Lo que hagan o dejen de hacer nos afectará a todos los españoles.

2.- Si a un director general o a un presidente de una empresa privada se le piden responsabilidades por su gestión, ¿por qué no se les exige lo mismo a las personas del gobierno y demás puestos de responsabilidad? Con mucho más motivo hay que exigir esas responsabilidades a los que tienen el futuro de los españoles en sus manos.

Tanto durante su mandato como cuando termine el mismo, tiene que haber un órgano que vigile los actos que deben ser rectificados o que dictamine si lo que han hecho puede ser constitutivo de un delito.

No puede ser que un presidente incremente la deuda pública sin ningún control, hasta el límite que a él le plazca y que el que venga detrás que arree.

No puede ser que por tres veces el TC le haya condenado al presidente declarando la ilicitud de sus actos, y eso no tenga consecuencia alguna. Cabe lo mismo decir del abuso de la publicación del Decreto-Ley o de la aprobación de leyes inconstitucionales.

Hay muchas cosas que vigilar y no es posible enumerarlas todas, pero si merece la pena comentar que no se puede permitir que un gobierno tenga 600 ó 700 asesores, que, además no hacen nada. Son amiguetes que les han nombrado para poner el cazo.

Si un gobierno sabe que hay unas normas y un órgano que les va a pedir responsabilidades de su gestión, seguro que muchos de los que están o han pasado por ahí, no querrán ocupar esos cargos.

Obviamente, no estoy hablando de las sesiones de control al gobierno en el Congreso. Eso no vale para nada.

3.- Los partidos políticos que atentan contra España no pueden formar parte del panorama político español. Es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Una democracia sana no puede admitir dentro de su sistema grupos que se introducen en el juego democrático para socavarlo desde dentro.

4.- Es necesario que la democracia se dote de una ley electoral justa. Es absolutamente injusto que, unos partidos, para conseguir un escaño, tengan que obtener un 60-70% más de votos que otros partidos. Los partidos regionalistas no deben tener representación nacional en el Congreso. Al final, dejamos en manos de un 1% la gobernabilidad de España.

5.- Los pactos postelectorales no pueden contener aspectos claramente ilegales como amnistía o referéndums independentistas.

6.- Ese mismo órgano tiene que garantizar la independencia de los tres poderes. Eso supondría que los partidos no participarían en los nombramientos del CGPJ y del TC. La Fiscalía General del Estado tiene que ser totalmente independiente y no depender del presidente del gobierno.

Igualmente vigilaría y sancionaría penalmente los ataques a los órganos de la Justicia.

Con la implantación de estas normas y procesos, sí podríamos hablar de democracia. Lo que hay hoy, poco tiene que ver con una auténtica democracia. A los hechos me remito: todas las barbaridades que ha hecho, y sigue haciendo Sánchez, no han tenido consecuencia alguna ni para él ni para su gobierno, son absolutamente impunes.

José Ignacio Echegaray / Colaborador de Enraizados