El siglo XXI debe ser, por fin, la era de plena igualdad en derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Pero aún persisten formas de discriminación contra el sexo femenino que atentan directamente contra su dignidad. Algunas se manifiestan aún en el campo económico y laboral, debiendo ser un asunto primordial de equidad irrenunciable para las instituciones públicas y las organizaciones privadas. Pero existen otras que se esconden en las sombras de negocios oscuros, se perpetúan como lacras colectivas a combatir, o por desgracia tienen cierta aceptación o persistencia social. Entre estas destacan, por su impacto mediático o su debate ideológico, esa trágica violencia física o moral contra la mujer que destruye su vida y cercena sus derechos, las perseguidas redes de trata de mujeres para la explotación sexual que convierte a la mujeres en mera mercancía, el mercado de la prostitución que las sitúa en una situación de dominación y cosificación, o el negocio de los vientres de alquiler que las deja como meras “incubadoras” a arrendar.
Este último fenómeno, el de los vientres de alquiler o “maternidad subrogada” (mayoritariamente de naturaleza comercial, al ser su forma altruista estadísticamente insignificante) es ilegal en España, por ser considerada como una forma de explotación de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica; así, el art.10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, señala que “será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Asimismo, de manera progresiva en la mayoría de países de Europa occidental y central o se prohibe totalmente o se limita a dichas y minoritarias relaciones altruistas (como también sucede en Canadá o Australia). Por ejemplo, Portugal aprobó una muy restrictiva ley de regulación del uso de estos vientres, “que solo será posible de manera gratuita y en los casos en que la ausencia de útero y una lesión o enfermedad de este órgano impidan de forma absoluta el embarazo de una mujer”.
Ante tales restricciones, el “gran mercado” rápido y barato de dichos vientres ha crecido en países poco o nada desarrollados (por los elevadas tarifas de EEUU o por las restricciones familiares de Rusia), con altos niveles de pobreza y mujeres explotadas para tal fin. Pero algunos de ellos también han ido también prohibiendo dicha práctica comercial o limitándola a esa relación “voluntaria” (lo que, estrictamente, supone casi una prohibición, ya que la inmensa mayoría de los casos eran con contraprestación económica), como ha sucedido en Turquía, Tailandia, Camboya o la India.
Las imágenes de “almacenes” de bebés por encargo en Ucrania, las investigaciones sobre “fábricas” de mujeres embarazadas explotadas en la India, el drama de mujeres muy pobres que tras dar a luz querían quedarse con sus hijos en varios países de Latinoamérica, el abandono de un niño con síndrome de down por la pareja australiana que lo había encargado o los trece bebes inseminados por un solo donante japonés (ambos casos en Tailandia), o los testimonios de maltrato y presión a esas mujeres por parte de los clientes durante la gestación en casi todas las “transacciones”, han ido generando una creciente conciencia de lucha por la abolición de esta práctica al ser reconocida como evidente forma de violencia contra la mujer. Así han surgido diferentes y numerosas iniciativas en España, especialmente desde el feminismo, contra la “maternidad subrogada”: distintos manifiestos feministas (Consejo de Mujeres, Felma), la movilización pública en su contra de un gran número de destacadas mujeres intelectuales y profesionales desde 2015 (con Victoria Camps, Amelia Valcárcel, Maria Luisa Balaguer, Soledad Murillo o Rosa Cobo, entre otras), la transversal campaña abolicionista europea “No somos vasijas”, o la labor de denuncia y concienciación de CIAMS (Coalición Internacional por la Abolición de los Vientres de alquiler), de Stop Vientres de Alquiler, o de la Red estatal contra el alquiler de vientres (Recav),
En este siglo XXI persisten todavía formas “modernas” de esclavitud de personas que, en situación de pobreza o marginalidad, deben cumplir los deseos o satisfacer las necesidades de ciudadanos prósperos de naciones prósperas. Lo hemos visto en empresas que confeccionan nuestros productos o en negocios que suministran nuestros servicios, y parece que lo vemos en miles y miles de mujeres sometidas a esta práctica en condiciones muy precarias. Por ello, la Política social debiera combatir legal y mediáticamente el fenómeno de la “maternidad subrogada” comercial, concienciando a la ciudadanía de la explotación en la que se encuentran estas mujeres y apoyando toda iniciativa que procure los recursos y oportunidades para que alcancen un nivel digno de subsistencia y su auténtica realización en sociedades plenamente igualitarias. Solo reconociendo la dignidad de todo ser humano y la justa igualdad de oportunidades en cada comunidad, se puede alcanzar ese gran objetivo de un verdadero Desarrollo humano sostenible, justo e integral.
