El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves el real decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. Con 187 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, PdeCAT y ERC y 154 votos en contra de PP, Ciudadanos, Vox y UPN, el real decreto ha salido adelante en medio de una gran controversia en la comunidad educativa. No será tramitado como proyecto de ley.
La mayoría de la Cámara ha considerado que el Covid ha hecho necesario adaptar los currículos porque no va a dar tiempo a estudiar todos los temas y, por ello, hay que «flexibilizar» también los requisitos de evaluación, titulación y promoción de Primaria, Secundaria y FP, tal y como ha defendido la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Mari Luz Martínez Seijo.
La diputada socialista ha presentado sus medidas en contraposición al «modelo arcaico y rancio, de retroceso a tiempos pasados, con una gran carga de deberes, con barreras, castigos y reválidas» que, en su opinión, ejemplifica la Lomce.
Celaá ha asegurado, por su parte, que «afirmar que podrá titularse con suspensos es falso», aunque el BOE indica que la decisión de titulación «no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones».
También ha defendido la ministra que las medidas, que estarán vigentes hasta que «las autoridades determinen que han dejado de concurrir las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia», se han adoptado de forma consensuada con las CCAA, un aspecto que ha sido desmentido por los diputados Óscar Clavell (PP), Marta Martín (Ciudadanos) o Josune Gorospe (PNV).
Por último, ha sostenido que «lo más relevante» es que el decreto va a conseguir que los equipos docentes valoren «de manera colegiada» cuando un alumno pasa o no de curso, algo que ya se hace en la práctica.
El sindicato CSIF ha exigido la dimisión de Celaá y ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para que recurra la norma ante el Tribunal Constitucional porque «va a deteriorar la calidad de la enseñanza» y «vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre el alumnado», ya que se «dará un trato diferente al alumnado, en función de la CCAA en la que se estudie».
Existe, además, el temor de que se genere «inseguridad jurídica y confusión normativa» porque no se establecen unos requisitos claros para aprobar y pasar de curso y esto da pie a que las decisiones de los docentes puedan ser impugnadas.
Los diputados de PP, Ciudadanos y Vox han considerado que la norma es «sectaria» y supone «un castigo al trabajo y a la cultura del esfuerzo». Han advertido que «propiciará la desigualdad» al no fijar unos criterios comunes y dejar que las comunidades autónomas sean las que decidan cómo se pasa de curso. Y han considerado que va a permitir la manipulación ideológica de los jóvenes, al privarles de la posibilidad de profundizar en sus estudios.
«No se conforman con controlar el CGPJ, el CIS, el CNI o RTVE, sino que quieren crear una masa social dócil y acrítica que no valore ni analice y que les deje hacer. Una pésima educación es la mejor herramienta para conseguirlo», ha espetado Clavell. En la misma línea, Georgina Trias (Vox), ha reprochado al Gobierno de coalición de querer convertir a los estudiantes en personas «ignorantes» y «manipulables».
Martín ha recordado que el texto «rebaja el nivel de exigencia» tanto del alumnado como del profesorado, pues autoriza a contratar a docentes que no hayan cursado el máster si no hay suficientes aspirantes para el puesto en la lista de interinos, una medida que ha recibido también las críticas de las universidades.
Incluso entre los gobiernos regionales el real decreto genera controversia. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia lo rechazan frontalmente y seguirán rigiéndose por la actual ley, la Lomce, que dice que en la ESO se puede tener un máximo de dos suspensos y en Bachillerato ninguno para poder titular.
Las socialistas Aragón y Navarra tampoco aplicarán la medida porque no consideran que «se den las circunstancias para aplicar unas medidas extraordinarias en cuanto a evaluación», ya que los alumnos están yendo al colegio de forma regular, y porque genera una falta de «homogeneización» en el sistema educativo.
El texto ha tenido el respaldo a regañadientes de los nacionalistas catalanes y vascos, que no han querido dejar pasar la oportunidad de puntualizar que no es la norma que más les hubiera gustado, pero reconocen que el sistema educativo tiene que tomar medidas temporales mientras siga la situación de pandemia.
(Olga R. Sanmartín. Diario El Mundo)
