La Cámara ha aprobado el suplicatorio y deja sin fuero al diputado Alberto Rodríguez
El Pleno del Congreso ha concedido este jueves el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. Fuentes parlamentarias han precisado a Europa Press que la decisión ha sido casi unánime, puesto que únicamente se ha registrado una abstención.
El suplicatorio, solicitado por el magistrado Antonio del Moral, es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra Rodríguez en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones, al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
La protesta en la que participó coincidió con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.
Esa concentración contra la Lomce acabó yéndose de las manos. Se profirieron insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y acabó con lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, desde piedras hasta tomates. El grupo de cinco en el que se enmarca al ahora diputado está acusado de otras agresiones, como ‘pancartazos’ y puñetazos.
Pancartazos y puñetazos
El aforamiento de Rodríguez se activó y desactivó siguiendo los vaivenes electorales y las sucesivas disoluciones de las Cortes. Esto provocó que los fiscales canarios llegaran incluso a presentar escrito de acusación. El Ministerio Público pedía seis meses de prisión y la inhabilitación en una causa en la que hay cinco personas investigadas.
El diputado de Podemos, que se negó a prestar declaración voluntaria como investigado en el Supremo y solicitó el archivo de la causa, renunció a presentar alegaciones en el Congreso durante la tramitación de suplicatorio, lo que ha facilitado que todo el procedimiento vaya a resolver en menos de tres semanas.
32 suplicatorios aprobados
Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que tampoco en este caso se han agotado.
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonistas al exministro socialista José Barrionuevo y al hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).
En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.
Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.
En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
(Voz Populi)
