Todos los grupos del Congreso, salvo el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, han respaldado la ley, impulsada por el PSOE, que castigará penalmente a quienes «acosen» a las mujeres que acuden a una clínica para abortar, con lo que la iniciativa pasará ahora a tramitarse en el Senado.
Malos tiempos para la libertad de expresión ya que se ha aprobado que el que tiene una voz discordante a lo impuesto o, incluso, rece se le va castigar con la cárcel. Ni en las más duras dictaduras comunistas se ha llegado a tanto.
La reforma que pretende llevar al Código Penal que persigue y castiga con la cárcel a quienes vayan a los abortorios a rezar ha superado su paso por el Congreso. El pleno ha aprobado este jueves la proposición de ley, impulsada por el PSOE, con 204 votos a favor, ninguna abstención y 144 votos en contra, entre ellos los del PP, UPN y Vox, que ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma. La iniciativa seguirá ahora su trámite en el Senado.
La diputada del PSOE Laura Berja ha sido la encargada de subir a la tribuna para defender la iniciativa de su grupo con la que se hará, ha dicho, «historia parlamentaria» y ha criticado duramente al PP por su rechazo al texto y le ha acusado de haber elegido, una vez más, junto a Vox «el bando incorrecto».
Desde el PP, Teresa Angulo ha insistido en que la iniciativa tiene un «claro sesgo ideológico que atenta» contra la tolerancia y la libertad, de forma que no pretende solucionar un problema real sino impedir los derechos de reunión y expresión. Además ha reprochado a Ciudadanos que, con su apoyo a la izquierda, «se defienden los intereses de las empresas privadas» que realizan los abortos a la par que lanza un mensaje: «Quienes expresen una opinión contraria a los intereses del Gobierno pueden ser objeto de una legislación que los envíe a la cárcel».
Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Méndez ha calificado como «un honor» ser considerada, a partir de ahora, una delincuente por parte de un gobierno «que indulta terroristas pero mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas» frente a las clínicas que ha llamado «de exterminio». Según ha anunciado, su partido recurrirá esta decisión al Tribunal Constitucional.
También Carlos García Adanero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha defendido una posición similar a la de PP y Vox.
PP y Vox ya han anunciado que recurrirán dicha reforma al Tribunal Constitucional (TC) porque según ambos, atenta contra los derechos fundamentales y libertades públicas de reunión, expresión e ideológica. Eso sí, no hay que olvidar que el PP ya recurrió ante este Alto Tribunal en 2010 contra la ley del aborto de 2010 (más conocida como ‘ley Aído’) y aún no ha dictado sentencia a pesar de que han pasado más de 11 años.
Reacciones de los grupos provida
Y mientras, en un acto convocado en el Senado por las agrupaciones provida han advertido de la pérdida de libertad de expresión que supone la aprobación de la ley contra el acoso en las clínicas abortivas.
Entre las más de cien asociaciones que componen esta Asamblea, destacan: la Asociación Católica de Propagandistas, NEOS, Fundación Villacisneros, One of Us, 40 Días por la Vida,+F, Federación Española de Asociaciones Provida y Cristianos en Democracia.
Por su parte, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha puesto en marcha un servicio de asistencia legal a personas provida que acudan a centros de aborto a informar y rezar. Lanza la web www.rezarnoesdelito.es, donde las personas provida pueden encontrar información y solicitar asesoría legal y jurídica gratuita para afrontar la reforma del Código Penal que saldrá adelante hoy previsiblemente en el Congreso.
