Sánchez quiere pactar con el cómplice PP la ley contra la prensa ¿Le seguirá el juego a Sánchez?

La ronda de conversaciones del Gobierno de Sánchez se producirán después del 17 de julio, cuando el presidente haga una presentación inicial de sus planes para implantar la censura el silenciamiento a los medios críticos. Todo ello, con la excusa de la «máquina del fango» que se ha convertido en el recurso retórico favorito del Ejecutivo para no dar explicaciones sobre cuestiones como, por ejemplo, el presunto tráfico de influencias de su mujer, la imputada Begoña Gómez, o la querella admitida a trámite contra su hermano por presunto fraude y malversación.

PSOE y los comunistas de Sumar están elaborando la ley de la censura

Fuentes de Moncloa confirman que estos días PSOE y Sumar negocian los pilares de esta ley de censura de la prensa. Un borrador del que será portavoz el propio Sánchez en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Hasta septiembre, sin embargo, no estará listo un texto definitivo que recogerá la visión de todos los partidos del hemiciclo.

Una ley del silencio mezcla de la de Bruselas y de la dictadura de Maduro

El Ejecutivo guarda bajo llave las claves de este proyecto, que será una mezcla de dos normas: por una lado, transponer una ley fabricada en Bruselas que lleva por título ‘Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación’; por otro lado, la verdaderamente ideológica, una copia de la que ha hecho Maduro en Venezuela, con la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares, que el régimen del dictador comunista Nicolás Maduro aprobó hace sólo un mes para perseguir a la oposición venezolana en defensa de «la democracia». 

El contenido de la ley del silencio

Por el momento, solo han trascendido dos medidas por parte de Moncloa. Una fue adelantada por el propio Sánchez y consistirá en poner límites a la financiación de la publicidad institucional por parte de los entes públicos. 

Por otra parte, Pilar Alegría ha avanzado que la ley que prepara el Gobierno obligará a los medios de comunicación a ser transparentes con sus fuentes de financiación. Esto es algo que ya exige la directiva europea que deberá transponer España antes de 2025.

Son aspectos formales, pero no será lo verdaderamente importante de esta ley de la censura. Para el analista Alvise, esta ley obligará a incluir la versión oficial en noticias de medios privados, creará una ‘lista de medios’, y definirá como ‘pseudomedios’ o ‘medios de desinformación’ a quienes no formen parte de ella. También prohibirá las acreditaciones a toda institución pública, el acceso a contratos públicos a los trabajadores, dueños o accionistas de los mismos, que tendrán que ser identificados, creará nuevos impuestos punitivos a canales no oficiales, y limitará el reparto de la publicidad institucional a medios exclusivamente aprobados por el Gobierno.

Esto es algo que se parece mucho más a lo que ha puesto en práctica Madura para eliminar la disidencia mediática.

La ley Maduro que va a imitar Sánchez

La ley de Maduro, que ha suscitado la preocupación de sus opositores y numerosas críticas de los defensores de los derechos humanos, se perfila como un instrumento contra la libertad de expresión y opinión y contra cualquier tipo de disidencia. Porque dentro del «fascismo» se puede incluir toda opinión crítica que al gobierno le parezca. En su exposición de motivos proliferan las expresiones que, como en el discurso de Sánchez, equiparan la persecución de la crítica con la supuesta protección de la «democracia».

La ley del dictador venezolano «busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela», se recoge en sus primeros párrafos. Esto es, con palabras bonitas, lo que hace es censurar a todos aquellos que disientan del gobierno.

El articulado recoge un severo plan de sanciones, con hasta 12 años de cárcel y elevadas multas, incluso por la convocatoria de manifestaciones. Se cerrarán los medios que difundan «mensajes prohibidos». De decidir lo que es y no es «fascismo» y «neofascismo» se ocupará una comisión –Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones– elegida por el propio Maduro. Serán los famosos políticos que tan nefasto recuerdo tuvieron en la guerra civil española, Obviamente, los defensores de derechos humanos han alertado del objetivo de este plan para «criminalizar» la crítica. Y es que el gobierno venezolano ha tachado de «fascista» a todo aquel que no comparta su pensamiento ideológico.

Por «fascismo», según la ley, se entiende «el racismo» o la «misoginia», pero también «el clasismo, el conservadurismo moral y cualquier tipo de fobia contra el ser humano». Lo decidirá Maduro. También, los mensajes que podrán ser «prohibidos», que serán aquellos que considere que «reproduzcan la cultura del odio», «denigren de la democracia y sus instituciones», «promuevan la suspensión de derechos y garantías» y «exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo».

¿Qué hará Feijóo?

En primer lugar para responder esta pregunta, hay que entender que, al igual que el PSOE, el PP es un partido globalista y que tanto el PP como el PSOE están impulsando la agenda 2030. No hay diferencias ni ideológicas ni de velocidades. Es la misma hoja de ruta la que llevan ambos partidos. Y en este contexto, la UE está impulsando la censura a los medios críticos con la agenda 2030.

Partiendo de esta premisa básica, y teniendo en cuenta que la ley del silenciamiento y censura saldrá con máximos pactados con los comunistas, a Feijóo y a Sánchez les será fácil rebajar un poco el texto de dicha ley eliminando aristas no significativas para alcanzar el acuerdo y salvar la cara a su electorado.

Fuente: Borja Negrete| VozPopuli