El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no convocó ni en una sola ocasión durante la pandemia a los órganos competentes en materia de seguridad y salud de los trabajadores de la Administración de Justicia. El órgano de Gobierno de los jueces, que ha recibido numerosas críticas por sus decisiones unilaterales sobre la gestión de la crisis sanitaria en los tribunales, mantuvo desactivados a los Comités de Seguridad y Salud, en un escenario de emergencia como el coronavirus.
Además, el Consejo creó comités de seguimiento específicos del COVID-19 en los Tribunales Superiores de Justicia de cada una de las Comunidades Autónomas excluyendo, expresamente, a los representantes sindicales, pese a que en dichos foros tomaron decisiones que afectaban a la salud de los trabajadores de Justicia. Una función que tienen atribuida como competencia los Comités inactivos.
Así lo denuncian desde varios sindicatos, entre ellos CSIF, para afear la falta de consenso del CGPJ en la adopción de medidas de aplicación directa para el día a día de los funcionarios judiciales y en plena ausencia de una negociación colectiva real desde el Ministerio de Justicia, orientada a resolver el impacto de la enfermedad en el ámbito de los juzgados y tribunales.
Consulta regular y periódica
Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios y colegiados de participación destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración de Justicia, en materia de prevención de riesgos laborales. Están conformados por los Delegados de Prevención y por los representantes de la Administración en número igual al de los Delegados de Prevención.
Pese a que la ley prevé que los Comités de Seguridad y Salud deben reunirse trimestralmente, y en cualquier momento a petición de cualquiera de los integrantes del mismo -encuentros en los que participan, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de prevención de la empresa- no ha sucedido así en el caso de la Administración de Justicia donde no han sido convocados en todo el tiempo en el que se ha prolongado la emergencia sanitaria del COVID-19.
Ocultación de Planes
Los trabajadores de la Administración de Justicia han criticado que desde los máximos órganos e instituciones responsables del área, se les hayan ocultado los planes reales de la desescalada y se hayan negado a negociar la implantación efectiva del teletrabajo que «se está ejerciendo de forma precaria aprovechándose el Ministerio de la buena voluntad de los funcionarios», asegura Javier Jordán, portavoz de CSIF.
«El Plan Justicia 2030 no contempla que la Justicia 2020 está patas arriba y que los funcionarios necesitan medios materiales y personales hoy, y no dentro de 10 años. En este sentido, denunciamos que ni siquiera hayan querido escuchar las propuestas de planes de actuación, dotación de plantillas o refuerzo de medios materiales y personales en la Administración de Justicia para hacer frente al reto de la reactivación de la actividad judicial y del incremento de los casos derivados del COVID 19″, añade.
Desde el pasado 13 de abril, el Ministerio de Justicia no ha mantenido ningún encuentro con entidades sindicales, pese a que las organizaciones asociativas representan al 85% del personal de Justicia.
Tal es así que a las críticas se sumaron algunas asociaciones profesionales de la judicatura, como Foro Judicial Independiente (FJI) tras recibir el borrador del ‘Plan de Choque’ diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los magistrados, antes incluso que los funcionarios, elevaron las críticas contra su órgano de Gobierno dado que catalogaron algunas de las medidas recogidas en el documento elaborado por el Consejo como de «dudosa constitucionalidad».
En uno de los últimos comunicados emitido por Foro Judicial Independiente, una de las principales asociaciones profesionales de jueces y magistrados, los miembros de la carrera judicial mostraron su gran preocupación «al observar que junto con las medidas de agilización procesal» que se recogían en el documento, el CGPJ incluyó otras de «carácter estructural y con vocación de permanencia que pueden afectar a la independencia judicial, la competencia, la tutela judicial efectiva y la especialización, entre otras muchas» que provocarán «graves daños a los derechos y garantías procesales de los ciudadanos», una vez el sistema judicial vuelva a la normalidad.
«Llegará el colapso», sostiene la presidenta de FJI, Concepción Rodríguez, quien, sin embargo considera que el mismo no se producirá hasta finales de año o principios de 2021, cuando los ERTES de las empresas se «conviertan» irremediablemente en ERES y afecten a todos los sectores.
(María Jamardo. Ok Diario)
