Adoctrinamiento lingüístico en Barcelona: el Ayuntamiento quiere dictar cómo hablar a sus funcionario y se gasta 12.027,40 euros en una guía ‘para insultar con perspectiva de género’
Una guía que sigue el legado de Ada Colau
El contrato publicado el pasado miércoles justifica esta iniciativa como una continuidad del II Plan de Justicia de Género (2021-2025) impulsado por Ada Colau. Según el Ayuntamiento, esta nueva guía estará dirigida a los «profesionales del ámbito social» y pretende: Mejorar la sensibilización de los trabajadores; Fomentar la toma de conciencia sobre estereotipos y estigmatización y Ofrecer «herramientas técnicas» para un lenguaje «más inclusivo».
Todo ello con un intento de reeducar al personal bajo los dogmas de una ideología que no tolera disidencia. Como bien indica el documento justificativo del contrato, este manual «incluirá versiones de las guías de Comunicación Inclusiva y Uso del lenguaje no sexista».
El coste del adoctrinamiento
La guía digital no será elaborada por personal interno del Ayuntamiento, ya que el Departamento de Comunicación del Área de Derechos Sociales asegura que no cuentan con «recursos materiales y humanos». Por ello, se destinarán 12.027,40 euros del erario público para contratar consultoras especializadas en temas como género, racismo, capacitismo y salud mental.
Entre los trabajos que se contemplan en el contrato están: La recopilación de documentación para identificar puntos clave como migraciones, violencias machistas o servicios sociales y una revisión crítica de los contenidos con consultoras externas.
En palabras del Ayuntamiento, este manual busca reflejar «la diversidad de la sociedad» a través de expresiones y normas lingüísticas.
Imponer el pensamiento único a través del lenguaje
El lenguaje inclusivo propuesto no solo pretende evitar supuestas ofensas, sino rediseñar la forma en la que los ciudadanos se comunican, borrando cualquier rastro de libertad expresiva. Así lo ejemplifica la Guía de Comunicación Inclusiva de Colau, que defiende el uso de un «pronombre neutro» porque «desdoblar también es excluyente». Según este manual, «la academia de la lengua de Suecia aceptó como válido el pronombre neutro que reclamaba una parte de la población», lo que justificaría su inclusión en español.
Detrás de este tipo de imposiciones, el objetivo no es otro que normalizar un sistema de pensamiento único en el que cualquier disidencia queda señalada como intolerante o retrógrada.
¿Por qué no recurrir a la justicia?
Si bien es cierto que las expresiones ofensivas deben ser combatidas, ya existen mecanismos legales para quienes se sientan agraviados. Nadie necesita que los políticos decidan y nos adoctrinen qué palabras deben utilizar los ciudadanos o los funcionarios. Los tribunales están ahí para proteger los derechos individuales y ofrecer justicia en casos de discriminación o insultos.
Sin embargo, Collboni y su equipo prefieren imponer su ideología lgtbi en lugar de confiar en las vías judiciales existentes. Este tipo de medidas no buscan proteger a nadie, sino adoctrinar a todos. La imposición de una guía de lenguaje inclusivo y con perspectiva de género no es más que otro ejemplo de cómo la ideología socialista y del colectivo LGTBI trata de invadir todos los aspectos de la vida pública.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia. Este tipo de medidas, lejos de fomentarla, la cercenan. La sociedad no necesita ser reeducada; necesita que se respete su diversidad y pluralidad, no que se impongan dogmas lingüísticos y culturales desde un despacho político. El adoctrinamiento tiene muchos nombres, y en Barcelona ya tiene un precio: 12.027,40 euros.
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