La verdad sobre la okupación: cuando la realidad desmiente las mentiras de Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez, en una reciente respuesta parlamentaria fechada el 14 de noviembre, no ha tenido más remedio que reconocer un dato contundente que desarma su narrativa habitual de manipulación y mentira: en la primera mitad de 2024 se han producido 1.513 condenas firmes relacionadas con delitos de okupación, allanamiento de morada y usurpación con violencia o intimidación. Este dato, lejos de ser anecdótico, evidencia un problema real que Sánchez y sus socios comunistas han intentado minimizar, justificar e, incluso, manipular por intereses políticos e ideológicos.
Cuando el problema es la propiedad privada
La okupación es un fenómeno que ataca directamente uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad libre: la propiedad privada. En la cosmovisión ideológica marxista del socialismo y comunismo que Sánchez y sus socios abrazan, la propiedad privada no es un derecho a proteger, sino un obstáculo a eliminar y a destruir. De ahí que su gestión del problema de la okupación no solo sea negligente, sino que es deliberadamente permisiva y promocionadora de ella. Permitir y promover la okupación se traduce en una lucha directa contra los propietarios legítimos.
En la cosmovisión ideológica del socialismo y comunismo que Sánchez y sus socios abrazan, la propiedad privada no es un derecho a proteger, sino un obstáculo a eliminar y a destruir
Según el propio gobierno, del total de condenas hasta el segundo trimestre de 2024, 1.109 corresponden a okupaciones de inmuebles, seguidas por 255 casos de usurpación con violencia o intimidación y 149 allanamientos de morada. Estos números revelan que, a pesar de los esfuerzos por maquillar y ocultar la realidad, el problema no solo persiste, sino que afecta gravemente a la seguridad jurídica de los propietarios.
Los números no mienten, las ideologías sí
Un análisis de los datos ofrecidos por el Gobierno muestra una evolución preocupante. En 2020 se registraron 3.715 condenas por delitos de okupación, cifra que alcanzó su máximo en 2021 con 4.961 condenas. Desde entonces, aunque las cifras han descendido ligeramente, sin embargo, este aparente descenso no significa que el problema se esté resolviendo, sino que el sistema judicial y policial está sobrepasado por la cantidad de delitos de okupación, y por tanto, no se resuelven en el año judicial en curso.
Es significativo que el Gobierno insista en subrayar que, en los casos de usurpación de inmuebles no residenciales, el desalojo depende de una «orden judicial previa» y de la «intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad». Esto crea un sistema que protege más al okupante que al legítimo propietario, en un claro guiño ideológico que busca no incomodar a ciertos sectores afines al ejecutivo.
La verdad siempre prevalece
La realidad de los hechos desmiente la narrativa oficial. La okupación no es un problema «aislado» ni «residual», como en múltiples ocasiones han tratado de hacer creer miembros del gobierno, incluso el propio Sánchez. Es un fenómeno sistemático que afecta a la sociedad en general y a los propietarios en particular.
Cada caso de okupación es una afrenta al esfuerzo, al ahorro y al trabajo de miles de familias que ven vulnerado su derecho a la propiedad.
En palabras de un portavoz del Ejecutivo: «Para el desalojo también se tiene en cuenta que la orden judicial no haría falta si pueden intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación». Sin embargo, la interpretación laxa de esta normativa sigue jugando a favor de los okupas, mientras los propietarios deben enfrentar largos procesos legales y, en muchos casos, pérdidas económicas irrecuperables.
El problema de la okupación en España es un síntoma de algo más profundo: el intento de eliminar la propiedad privada y el afán por justificar lo injustificable mediante manipulaciones ideológicas sectarias. Los datos no dejan lugar a dudas: la okupación es una lacra que crece mientras el Gobierno se empeña no solo en restarle importancia sino también en promoverlas. Pero, como siempre, la verdad prevalece. La realidad de las 1.513 condenas firmes en lo que va de 2024 desmiente a quienes intentan esconder el sol con un dedo. La propiedad privada no es un privilegio, es un derecho que debe ser defendido frente a cualquier ataque. Y, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez trate de negarlo, la realidad seguirá imponiéndose a las mentiras.
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