Los socialistas se alían con los grupos independentistas en contra la sentencia del TSJC que decreta que el 25% de las clases sean en castellano.
El pleno municipal de Barcelona ha aprobado una moción de Junts per Catalunya (JxCat) por la que el Ayuntamiento se compromete a no atender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dicta que el idioma español tiene que tener una presencia mínima del 25% en el sistema educativo catalán. Así, el Ayuntamiento que preside Ada Colau y gobierna una coalición formada por podemitas y socialistas, se opone al fallo y a «cualquier medida que imponga impedimentos normativos, administrativos, técnicos o sociales a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde el catalán es oficial», según reza el texto de la moción ̈.
Barcelona en comú (la versión local de Podemos), el PSC y ERC dieron su apoyo a la iniciativa de JxCat, mientras que Ciudadanos, PP y el grupo de Manuel Valls votaron en contra. La moción insta también al Ayuntamiento a forjar un «Pacto de Ciudad por la Lengua» para reforzar la aplicación de las normas a favor del catalán y en contra del castellano. La primera iniciativa sería engordar el presupuesto del «Centro de Normalización Lingüística» de Barcelona para impulsar el uso y reconocimiento del catalán «entre todos los grupos sociales y profesionales, y especialmente entre los recién llegados y visitantes».
La moción incluye una petición al Gobierno para que reconozca la unidad del catalán y fomente su presencia así como la del aranés en las instancias internacionales. La iniciativa fue defendida por el exsocialista Ferran Mascarell, ahora en las filas de JxCat, quien afirmó que el catalán está en peligro, que ha disminuido su uso y que existe un «supremacismo lingüístico español incapaz de aceptar que la pluralidad lingüística es un bien democrático que hay que respetar y agrandar».
El PSC no tuvo el más leve inconveniente en votar a favor de la moción después del mitin de Mascarell a pesar de que tiempo atrás, en la fase más aguda del proceso separatista, mostrara ciertas dudas en relación con la inmersión lingüística. Esa fase ya se ha «superado» y la posibilidad de un acuerdo con ERC y los comunes tras las próximas elecciones autonómicas ha agudizado el nacionalismo socialista.
Por otra parte, la consejería de Educación ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJC para evitar lo que califican como «imposición» del 25% de castellano.
(Pablo Planas. Libertad Digital)
