La comunista Yolanda Díaz anuncia un «acuerdo tripartito» para establecer un protocolo para el colectivo LGTBI en el entorno laboral.
Lo apoyan tanto el sindicato socialista UGT como el comunista de CCOO – lógico, son lo mismo,- así como la derecha globalista de la patronal.
Impondrá un protocolo LGTBI a más de 30.000 empresas «desde ya»
Yolanda Díaz impondrá una nueva tarea para las más de 30.000 empresas en España que tienen en plantilla a más de 50 empleados en España. La ministra de Trabajo ha anunciado un acuerdo con patronal y sindicatos «sobre la igualdad y la no discriminación LGTBI en el ámbito laboral«.
Se trata en realidad de un texto incluido en la ley trans
Se trata en realidad de un texto incluido en la ley trans y que llega con tres meses de retraso y que apenas tendrá efecto en el tejido empresarial del país.
La Ley 4/2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de derechos de las personas LGTBI daba un año de plazo para el desarrollo reglamentario de un protocolo para el ámbito laboral.
Dicho documento debería haber entrado en vigor a comienzos de marzo. Pero a la comunista esto le da igual. Pero en un ejercicio de prestidigitación, – y justo antes de las elecciones del 9J- acaba de anunciar el desarrollo de la norma como un éxito del llamado «diálogo social»
Obliga a las empresas
En cualquier caso, este acuerdo obliga a las empresas a negociar una serie de «medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI».
A través del Consejo de Participación de las personas LGTBI, dependiente del Ministerio de Igualdad, «se recopilarán y difundirán las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión de colectivos LGBTI y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación».
Díaz ya ha anunciado que este reglamento obligará a «reabrir» los convenios colectivos para incluir «específicamente» las medidas anunciadas en la ley, así como los departamentos de contratación tendrán que realizar «formación específica en las personas LGTBI» para los procesos de selección.
Asimismo, será obligatorio que las empresas diseñen protocolos contra el acoso y la violencia a las personas LGTBI, donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo.
Esta ley obliga a la elaboración de estos planes a compañías de más de 50 trabajadores. esto es, 34.596 empresas que tienen más de 50 empleados.
¿Qué implica?
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Asesoramiento externo: contratar expertos en igualdad LGTBI.
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Encuestas al personal: realizar encuestas sobre el clima laboral respecto a los derechos LGTBI.
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Charlas formativas: organizar sesiones educativas sobre integración LGTBI con el pretexto de prevenir.
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Régimen sancionador: las empresas podrían enfrentar multas de hasta 150.000 € si no cumplen con estas medidas.
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Violan la intimidad: obligar a encuestas y charlas puede comprometer la privacidad de los trabajadores sobre su orientación sexual.
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Imponen cargas administrativas: aumentan la burocracia y afectan la productividad de las empresas, que además del tiempo que deberán emplear sus trabajadores, les compromete a afrontar gastos improductivos.
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Introducen ideología en el entorno laboral: las empresas deben ser neutrales y no convertirse en herramientas de imposición ideológica del Gobierno de turno. Las empresas de más de 50 empleados «van a tener que hacer planes de acompañamiento a las personas trans, van a tener que tener formación específica en las personas LGTBI, cuáles son sus condicionantes y diseñar protocolos antiacoso a las personas LGTBI en España»
Esta no es la primera vez que Díaz se propone favorecer a un colectivo frente a otro en el ámbito laboral. Recientemente, la comunista de Sumar confirmó que ha activado un registro «voluntario» y «confidencial» con la orientación sexual de los parados para dar «prioridad» a la comunidad «LGTBI» a la hora de buscar empleo.
Además, Yolanda Díaz también ha planteado el polémico despido a la carta, que consiste en encarecer la indemnización de un trabajador de más edad, de una mujer o de una persona LGTBI (los considerados por Trabajo como vulnerables). Sin embargo, su implantación podría generar un efecto perverso entre los perfiles de trabajadores que teóricamente se quiere proteger, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos.
El colectivo «Cambio Económico Español» en contra
Es por todo ello, que el citado colectivo ha iniciado una campaña de recogida de firmas destinado a la patronal CEPYME y CEOE por haber avalado dicho acuerdo . Puedes firmar AQUÍ
Fuente: Agencias | Cambio Económico | El Debate |Libertad Digital
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