Su paso por España preguntando y “removiendo” ha sido tomado por las víctimas con cierta “esperanza” pero también por los ciudadanos que en un 54,8% confía en la intermediación de Europa para resolver estos crímenes. Por el contrario, un 38,1% no confía en que esto sirva para algo, siendo los más jóvenes los que muestran más escepticismo mientras que, los más mayores se muestran más confiados en que servirá para dar un impulso a las investigaciones.

Diez años después del cese de la “actividad armada” la mayoría de los españoles ve que la situación en el País Vasco ha cambiado. Así lo valora hasta un 71,6 por ciento siendo los más jóvenes, de los cuales muchos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco o no identifican al funcionario de prisiones, José Ortega Lara, secuestrado por ETA 532 días, los que inciden sobre todo en el cambio producido en esta tierra, con un 80,6%.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha documentado un total de 64 actos de apoyo a ETA en los primeros seis meses de 2021, lo que supone una disminución de este tipo de actos con respecto a 2020 de un 51%, cuando el colectivo que presidente Consuelo Ordóñez llegó a contabilizar hasta 124 actos. Sin embargo, los “ongi etorris” en los que se reciben a los presos de la banda terrorista como héroes sigue siendo algo que resulta humillante para las víctimas e incomprensible para la mayoría de españoles, donde, un 75,1% considera que deberían prohibirse. De nuevo son los más mayores los que manifiestan su rechazo con mayor contundencia, hasta un 81,3% frente a los más jóvenes que apuestan por su prohibición, en un 67,5%.

La cesión de las prisiones al País Vasco es una de las exigencias que ponía PNV al Gobierno, pero también es un tanto al que se apunta Bildu y que se materializó el pasado 1 de octubre. Desde el Gobierno central insisten en que la política penitenciaria sigue dependiendo del Ministerio del Interior, pero, con la gestión de las cárceles, también pasan a ser competencia vasca los 670 funcionarios de prisiones, la política de reinserción e incluso los beneficios penitenciarios con excarcelación mediante. “Nuestro modelo estará sustentado en el uso del encarcelamiento como una opción extrema que se use cuando no exista otra alternativa y con el objetivo de que al menos el 40% de los reclusos, con todo tipo de delitos, cumplan sus penas en régimen abierto”, señaló a finales del año pasado la consejera de Justicia del País Vasco, Beatriz Artolazabal. Sin embargo, en estos movimientos no se cumple algo que para el 66,9% de los encuestados es importante: que sea un requisito penitenciario la colaboración con la Justicia ya que, por ahora, los etarras que son acercados a prisiones no están mostrando ninguna colaboración para ayudar a esclarecer los crímenes por los que aún no hay condenado ningún autor material.

Que EH Bildu tenga un papel imprescindible en la política española como “negociador” y Arnaldo Otegi haya sido reconvertido en un “hombre de Estado” capaz de exigir qué está en juego o qué no, para aprobar unos Presupuestos, es algo que tampoco los ciudadanos ven con buenos ojos. De hecho, el 70,9% considera que Bildu no es un “interlocutor válido” frente a un 24,4% que cree que sí lo es. De nuevo, la franja de mayor edad (78,4%) es la que más crítica se muestra con el papel protagonista y de “blanqueamiento” que se le otorga al partido heredero de Batasuna. Asimismo, al 73,6% le parece mal que el Gobierno negocie con ellos.

(Con información del Diario La Razón)