Doce provincias españolas se resisten a las leyes contra la vida de Montero y no realizan abortos

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Según Sanidad, el número de abortos en el 2021 sumó un total de 90.189 fetos a los que no se les dio la oportunidad de desarrollarse ni nacer

La imposición de la sectaria y aberrante ley del aborto de la ministra de Igualdad, la comunista Irene Montero, no ha llegado a buen puerto en todas las comunidades autónomas. Es tan sectaria esta norma, que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados y entró en vigor en marzo tras su publicación en el BOE, que al día de hoy aún no se ha practicado en doce provincias españolas. En efecto, no hay ningún centro público que quiera practicar estos infanticidios en estas provincias.
Según los últimos datos presentados por el Ministerio de Sanidad, que corresponden al año 2021, el 15,67 % de los abortos se produjeron en los centros públicos de España –6,27 % en hospitales y 9,40 % en extrahospitales–. Mientras que el restante, el 84,33 %, se dieron en centros privados. Estos datos son los mayores desde el año 2012.

Gracias a la objeción de conciencia de los médicos

Entre las provincias que no han registrado ningún aborto se encuentran Cáceres, Jaén, Huesca, Teruel, Guadalajara, Cuenca y Toledo, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Zamora y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto es gracias a la objeción de conciencia de todos los facultativos, algo que la ministra también quiere eliminar.

Señalar con el dedo a todos aquellos médicos que por cuestiones éticas no quieran practicar abortos es eliminar el derecho individual de cada sanitario, ya que se trata de una «decisión individual que debe manifestarse anticipadamente y por escrito», comentó al periódico el pasado mes de mayo Leopoldo Abad Alcalá, catedrático de Derecho Constitucional y responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.

El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española en el artículo 18.4 y reconocido por el Tribunal Constitucional, por lo que no se puede obligar a los sanitarios a inscribirse en el registro de objetores ni a practicar infanticidios.
Al hilo, el médico anestesista y exsecretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Juan José García, apuntó el pasado mes de febrero que en Castilla-La Mancha, por analogía, cuando se generó el registro del aborto, «todo el mundo se apuntó como objetor». De hecho, la portavoz de la comunidad castellanomanchega, Blanca Fernández, aclaró en mayo que todos los profesionales de los hospitales públicos «están acogidos a la objeción de conciencia».

La comunista Irene Montero no acepta la objeción de conciencia

Irene Montero está está muy preocupada por su ley del aborto: hay que imponerlo de forma obligatoria, y para ello necesita que su norma sea efectiva en cada rincón de España. Noticias como la del Gobierno socialista de Castilla La Mancha no le sientan bien, en la región no consiguen médicos que quieran hacer abortos, e Irene no lo entiende, es un derecho de la mujer.

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas para exigirles que se ejecuten «urgentemente» todas las medidas incluidas en la ley del aborto. A Irene le preocupa las listas de objetores. Para que se puedan realizar abortos hacen falta médicos que tengan el estómago de cometerlos en la Sanidad Pública y parece que no los hay, ¡qué sorpresa tan grande! El Ministerio denuncia que todas las regiones deben tener su registro de médicos objetores, es decir, sus listas negras, donde se apunten los médicos que no quieren practicar abortos, pero no todas las regiones tienen ya elaboradas estas listas.

Y en cualquier caso, ¿por qué no se preguntan cuál es la razón de que los médicos no quieren realizar abortos? Es muy fácil y políticamente correcto asegurar que el aborto es un derecho, incluso se puede decir siendo médico, pero otra cosa es ejecutar la muerte y más después de estudiar medicina para cuidar la vida. A muchos a los que el aborto, en teoría, no les remuerde su conciencia, podría revolverles su estómago si tienen que trocear al niño.

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