Dos millones para moralizar desde el poder prostituido
La publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución figura como una de las principales partidas del Plan de Publicidad Institucional para 2026. El Consejo de Ministros aprobó, tal como recoge Voz Populi, una inversión de 2,02 millones de euros destinada a campañas contra la prostitución y la trata de seres humanos.
La campaña se ejecutará entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2026, con difusión masiva en televisión, radio, prensa, medios digitales y soportes exteriores. El Ejecutivo afirma que busca un “cambio cultural” basado en la tolerancia cero.
Sin embargo, la publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución no ha despertado entusiasmo social, sino rechazo, incredulidad y burla. Según una encuesta informal realizada, los calificativos más repetidos por los ciudadanos fueron: “hipócritas”, “farsantes”, “sinvergüenzas”, “caraduras” e “infames”.
No se trata de rechazo a combatir la prostitución, sino al emisor del mensaje,el PSOE, el partido de la prostitución.
El problema no es la campaña, es quién la lanza
La publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución llega en uno de los momentos de mayor deterioro moral del PSOE. Varios casos mediáticos han vinculado a antiguos cargos socialistas con entornos directamente relacionados con la prostitución.
Las investigaciones judiciales y periodísticas sobre el padre de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exdiputado conocido como “Tito Berni” incluyeron referencias explícitas al uso de servicios de prostitución y redes de favores personales.
Estos hechos no los inventa ningún medio alternativo. Han ocupado portadas durante meses en prensa nacional.
Según un analista, “el problema no es que el Gobierno quiera combatir la prostitución, sino que pretende hacerlo desde una autoridad moral que no tiene”. La campaña “no persigue tanto erradicar un problema como reconstruir una imagen pública gravemente dañada”.
La publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución no se percibe como política social, sino como operación cosmética.
De la lucha ética al marketing político
La publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución ilustra una tendencia cada vez más clara: sustituir reformas reales por campañas de comunicación. El Ejecutivo invierte millones en anuncios mientras evita debates jurídicos de fondo.
Ningún gobierno puede predicar tolerancia cero cuando parte de su propia estructura política ha estado vinculada a aquello que dice combatir. La campaña transmite un mensaje de doble moral institucional.
La publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución se convierte así en un ejemplo de hipocresía política estructural: primero se tolera, se usa y promociona; luego se tapa, finalmente se publicita contra ello
La publicidad institucional del Gobierno contra la prostitución no fracasa por su objetivo, sino por su incoherencia. Un poder político que no depura responsabilidades, que no asume errores y que no ofrece ejemplaridad carece de legitimidad para dar lecciones morales. Sin credibilidad no existe pedagogía pública.
Sin coherencia no existe autoridad política.
Y sin ambas, cualquier campaña se reduce a propaganda pagada con dinero del contribuyente.
