Distintas asociaciones denuncian que se han documentado casos de «varones transidentificados» que conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como «mujeres» en oposiciones, por ejemplo
Un total de trece organizaciones han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de una carta la Ley Trans.
«Distintas asociaciones y plataformas de todo el país estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo, está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo», aseguran las organizaciones,
«A partir de la aprobación de dicha norma», reza el texto refiriéndose a la Ley Trans, «en apenas unos meses las organizaciones feministas de todo el país, así como plataformas y especialistas en violencia de género, han ido comprobando progresivamente el mismo impacto advertido a nivel internacional allí donde se han ido aprobando leyes de la misma naturaleza y objetivos», sigue el texto
Consecuencias lógicas de una ley aberrante
En concreto, las asociaciones indican a la relatora de ONU, Reem Alsalem, que, a partir de la aprobación de la ley trans, se han documentado casos de «varones transidentificados» que conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como «mujeres» en oposiciones, promociones profesionales y acceso a las «posibles prioridades que se establezcan en el marco de las acciones positivas para incentivar la presencia de mujeres en carreras profesionales donde se hallan infra representadas».
Asimismo, también hacen referencia a que la Comunidad de Madrid informó que seis agresores incluidos en el Sistema VioGén habían solicitado y obtenido el cambio de mención registral del sexo en el Registro Civil. «Tres de estos agresores pretendieron, además, recibir atención de los servicios comunitarios para mujeres víctimas de violencia», apuntan.
En esta línea, señalan que el caso sobre el que advirtió la Comunidad de Madrid «no es el primero que ha hecho evidente la inseguridad jurídica de la ley trans». Así, recuerdan que es una norma que ha sido denunciada desde la propia tramitación de la ley, no solo por el movimiento feminista, sino también por asociaciones de juristas, la Academia o el propio Consejo del Poder Judicial en su informe a la ley.
Falta de transparencia y de información del Gobierno
En la carta a la relatora de la ONU, las organizaciones también refieren que, a pesar de que han solicitado a los ministerios de Justicia e Interior datos que permitan conocer la situación «real» generada por el ficcionado jurídico del sexo registral, «la falta de transparencia y de información mantiene un oscurantismo contrario al derecho al acceso a la información pública que dificulta conocer el impacto, en este y otros ámbitos, de la conocida como ley trans».
En definitiva las asociaciones, un total de 13, denuncian la inseguridad jurídica en que la autodeterminación de sexo sin requisito ninguno, todo apoyado en la subjetividad propia, deja a la mujer y las políticas para lograr la igualdad real, y recalcan que sobre dicha inseguridad ya alertó, a la aprobación de la ley.
Fuente. Agencias
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