Nuestro presidente Sánchez, mentiroso crónico, cuyo programa de gobierno es la improvisación continua, dice ahora, tras ejercer de forma jurídicamente dudosa, el derecho de gracia, que la Constitución en su artículo 62 reserva al Rey, que “todo se hará exclusivamente dentro del marco de la legalidad constitucional”. Probablemente esté pensando en darle la vuelta al artículo 92 que establece que “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. ¿Pretenderá agarrarse a que la Constitución no incluía a “todos, todas y todes”? Todo cabe esperar del “doctor” Pedro. No obstante, no hay que desesperarse y creer que la Constitución está indefensa ante el sanchismo. En un par de años habrá elecciones generales y hay muchos instrumentos para reconducir a España de vuelta al espíritu de la Transición, deshaciendo los grandes errores que se han cometido al amparo de la Constitución, ya que como principio general todo lo que se ha hecho en su marco puede rectificarse también en él.
Los tres primeros artículos de la Constitución son un ejemplo de pilares que intocables. Sin embargo, la soberanía del pueblo español, la unidad indisoluble de la nación española y el castellano como lengua vehicular están siendo agredidos. El primero, al tolerarse formulaciones que pregonan teóricos derechos soberanos de algunos territorios, sin que se repudien claramente las mismas. A ello coopera un Gobierno que da indultos, sin contrapartida de arrepentimiento alguna, a quienes no respetan la soberanía del pueblo español, sino que intentan y pretenden seguir intentando eludirla. El segundo, la unidad indisoluble de España, es igualmente agredido de facto, con anterioridad al 1 de octubre de 2017. Basta con entrar por las carreteras de Francia en el País Vasco y observar que no aparece ninguna bandera española y ni siquiera la palabra España, lo que lleva al turista a preguntarse si realmente han entrado ya en nuestra nación o no. El tercero, el castellano lengua vehicular, está siendo perseguido mediante las llamadas leyes de normalización lingüística, en un ejemplo de actuación política que pretende eliminar al castellano como lengua común y a la vez va creando una historia inventada. Imaginemos que harían Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y demás países de Europa si en sus territorios se diera algo parecido. El ridículo de España como Estado es espantoso. Gran culpa de ello es atribuible a los Gobiernos de Sánchez y Zapatero, pero también han contribuido a ello directamente González, Aznar y Rajoy. Y no cabe eludir la responsabilidad de Suárez y Calvo Sotelo por haber tolerado que los Estatutos de Autonomía, en particular el del País Vasco, se desarrollaran en el contexto del terrorismo de ETA, que fue el cáncer de nuestra Constitución y a la cual siguió contaminando en su desarrollo posterior.
Cabría citar muchos más casos. En todos ellos hay que reconducir la situación actual. La Constitución cuenta con instrumentos poderosos para ello. Recordemos que Rajoy promovió y logró con absoluto fundamento jurídico la aplicación del 155 en respuesta a la actitud sediciosa de la Generalitat y del Parlamento catalán. Otra cosa bien diferente es que debió haber incluido la asunción de competencias de control de TV3, pero lo peor de todo es que no se atrevió a tomar el mando efectivo de las consejerías de la Generalitat, limitándose a suspender las antiespañolas “embajadas” catalanas. Si la aplicación del 155 hubiera sido efectiva no estaríamos ahora en la situación angustiosa y pesimista en que estamos, pero quedó claro que el 155 es un poderoso instrumento para reconducir la situación política española.
Por otra parte, el artículo 150.3 señala que “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general”. Bastaría con tener las mayorías absolutas con que contaron González, Aznar y Rajoy para dictar leyes de armonización que garanticen el uso de la lengua española en todo el territorio español, en todos los niveles educativos y en el día a día de todas las administraciones, o que obliguen claramente al tema del cumplimiento de la ostentación de la bandera de España y demás signos de españolidad en todas las instituciones del Estado, como son las propias dependencias de las autonomías. De igual forma se podrían dictar otras leyes de armonización que clarifiquen la posible aplicación del artículo 92 sobre los referéndums consultivos, control de subvenciones, etc. y sobre tantas otras cosas interpretables.
Por otra parte, existe un tercer instrumento clave que consiste en tener el poder ejecutivo. El ministerio del Interior puede asumir las competencias de las autonomías si se declara la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. El ministerio de Hacienda tiene la obligación final de garantizar que todos los fondos públicos son destinados a causas adecuadas, lo que le permite una supervisión intensa del uso de los fondos públicos a fin de evitar que se pueden usar para actividades antiespañolas.
En suma, dentro de la legalidad vigente, señor Sánchez. Tenemos medios suficientes para reconducir a España en aras de la convivencia democrática. Para ello es necesario que los partidos políticos expresen en qué medida desean cambiar la triste realidad actual y qué medidas proponen para hacerlo y que los ciudadanos en las próximas elecciones generales tengamos todo ello en cuenta para decidir a quién elegimos y para qué. No es imposible desandar el camino errado. El objetivo constitucional permanece, garantizar la convivencia democrática de la nación española.
Enrique Miguel Sánchez Motos | Administrador Civil del Estado
