Injusticia social promovida por el gobierno de Sánchez: Se tarda un plazo medio de 2 años en desalojar a un okupa y puede llegar a los 3 años

Las administraciones y ciertos partidos políticos apoyan y promueven la injusticia social, al permitir que unas personas ocupen y te expulsen de tu casa.

Y encima la legislación les protege: Desalojar a un okupa es más complicado que nunca, a tenor de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La duración media de los procedimientos judiciales por ocupación de viviendas en España en 2023 fue de casi 2 años -algo más de 23 meses–, llegando en algunas regiones hasta los tres años.

Se siguen incrementando los tiempos de okupación

Según revela Idealista, el periodo medio de los verbales posesorios de Primera Instancia –juicios orales– se situó en los 12 meses, un 10,1 % más que el año anterior, mientras que las apelaciones ante las audiencias provinciales se fueron a los 11,2. En total, se tardan, de media, 23,1 meses en desalojar a un okupa.

Grandes diferencias entre Comunidades Autónomas

Pero lo más llamativo es la diferencia entre comunidades. Castilla y León (35,9 meses), Murcia (27), Canarias (26) y Andalucía (24,9) superan los dos años de plazo, mientras que Aragón (13,5 meses), Navarra (14,2) y Asturias (14,9) son las que muestran menor duración, en ningún caso baja de un año.

En total, en 2023 se produjeron 2.261 procedimientos de los cuales Cataluña registró 445, un 23,6 % del total, y se mantiene como la región con más demandas en los últimos cinco años. A continuación se encuentra Andalucía (424 procedimientos), Comunidad Valenciana (379) y Madrid (215). En relación con su población, la mayor tasa se da en Baleares, con 9,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Y mientras estas personas ocupan ilegalmente las casas, muchas administraciones los apoyan y las promocionan. Y, por el contrario, las propietarios de estas casas se convierten en víctimas desamparadas y desprotegidas, y en muchas casos, teniendo que pagar los gastos de la casa, aunque no vivan en ellas. No estamos en un estado de derecho. Estamos en una sociedad perversa e injusta.

Fuente: El Debate | Idealista