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El Gobierno desata una persecución contra la Cruz de Majadahonda en su campaña de cristofobia institucional
El laicismo radical y la hostilidad del gobierno de Sánchez hacia los símbolos religiosos de la nación española han alcanzado un nuevo punto de fricción en la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática , dirigido por el masoncete Ángel Víctor Torres, incorporó formalmente el monumento y la cruz conmemorativa del Cerro de la Radio, en el municipio de Majadahonda (Madrid), al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Esta resolución ministerial ordena de forma explícita e inmediata la retirada o demolición del conjunto patrimonial. La decisión ha desatado una ola de indignación profunda entre las organizaciones civiles y agentes sociales, que interpretan la medida como un ensañamiento sectario y un ataque directo contra la libertad de culto y los pilares tradicionales de la sociedad española.
La agresión gubernamental contra este templo de la memoria y la fe no ha quedado sin respuesta legal. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha asumido la defensa del monumento mediante la presentación de una contundente reclamación administrativa ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. La entidad jurídica exige la paralización total del proyecto de derribo y reclama la protección oficial de un símbolo que forma parte de la historia del municipio desde mediados del siglo pasado. La ofensiva ministerial contra el cristianismo evidencia el deseo de reescribir el pasado nacional y erradicar cualquier manifestación de carácter espiritual en el espacio público.
La solicitud de amparo patrimonial ante el Ejecutivo autonómico
La ofensiva de Abogados Cristianos busca neutralizar la vía de hecho que pretende ejecutar el Ministerio para destruir la cruz. La reclamación administrativa solicita formalmente a la administración autonómica madrileña la incoación de un expediente definitivo para declarar el conjunto monumental como Bien de Interés Patrimonial o, de forma subsidiaria, como Bien de Interés Cultural. La organización sustenta su petición en la propia legislación vigente, atendiendo a la innegable antigüedad de la estructura, a su naturaleza como cruz religiosa anterior a 1950 y a su vinculación histórica con los acontecimientos de la Guerra Civil española ocurridos en 1937.
Junto a la petición de blindaje patrimonial, la fundación ha exigido la adopción de medidas cautelares urgentes para paralizar de inmediato cualquier tipo de licencia, orden, ejecución o actuación material dirigida a la demolición del monumento. La entidad advierte de que el conjunto se sitúa sobre un terreno de titularidad estrictamente privada que se encuentra anexo al cementerio parroquial de Majadahonda. Por consiguiente, cualquier intervención unilateral de las excavadoras del Gobierno central para alterar el recinto sin las autorizaciones pertinentes constituiría una flagrante ilegalidad administrativa y una vulneración de la propiedad privada.
La hipocresía gubernamental y la destrucción del arte sacro
La justificación empleada por el Gobierno de Pedro Sánchez para decretar el derribo califica la construcción como un elemento de exaltación ideológica del franquismo y del fascismo europeo. Sin embargo, la realidad histórica desmiente de forma tajante las motivaciones sectarias del Ejecutivo. El monumento se edificó en el año 1948 en recuerdo de los ciudadanos rumanos Ion Mota y Vasile Marín, que fallecieron en el Cerro de la Radio durante los combates de 1937. El Estado español no aportó un solo céntimo para la financiación de las obras, sino que la iniciativa salió adelante gracias a las donaciones privadas de rumanos exiliados que huían del régimen comunista que la Unión Soviética impuso en su país tras la Segunda Guerra Mundial.
La demolición de la Cruz de Majadahonda representaría un nuevo hito en el preocupante historial de cristofobia que arrastran las políticas del actual Ejecutivo. El uso partidista de la legislación de memoria democrática sirve de coartada perfecta para encubrir un resentimiento profundo contra los símbolos identitarios de la Iglesia Católica. La obsesión del sanchismo por derribar cruces a lo largo de toda la geografía nacional no obedece a un afán de reconciliación, sino a una estrategia calculada de desmantelamiento cultural y adoctrinamiento laicista.
La advertencia de la sociedad civil frente al odio institucional
La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado con firmeza el sectarismo del Ministerio y ha exigido valentía a las instituciones regionales para frenar este atropello.
La máxima responsable de la asociación jurídica ha insistido en las irregularidades que rodearían un hipotético asalto gubernamental a la parcela de Majadahonda, reiterando el carácter privado del suelo:
“No se puede permitir que el Gobierno utilice la memoria de la historia de todos los españoles como excusa para derribar una cruz cristiana. Se trata de un monumento levantado en terreno privado y cuyo valor debe ser protegido.”
Y añade:
“La Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad de impedir su destrucción y defender nuestro patrimonio histórico y religioso frente a quienes pretenden hacerlo desaparecer”.
El historial de victorias judiciales en defensa del patrimonio cristiano
La movilización ciudadana y el activismo legal constituyen el último bastión de resistencia frente al impulso demoledor cristofóbico del Ministerio. La organización de juristas recuerda que sus servicios legales ya han cosechado importantes triunfos frente a los ayuntamientos y delegaciones gubernamentales que intentaron aplicar directrices laicistas similares en el pasado. Las intervenciones de Abogados Cristianos lograron paralizar la retirada de las cruces de Cáceres, Betxí, Dueñas o el emblemático monumento del Parque Ribalta en Castellón, sentando precedentes judiciales de gran valor para la protección de la libertad religiosa.
La Comunidad de Madrid asume ahora la responsabilidad histórica de actuar como dique de contención frente al odio institucional del Gobierno central. La Consejería de Cultura debe resolver con rapidez la solicitud de amparo para evitar que las máquinas consumen un daño patrimonial irreversible en el Cerro de la Radio. El desenlace de la batalla legal de Majadahonda marcará el futuro de los monumentos religiosos en España ante un Ejecutivo que utiliza el boletín oficial como arma ideológica contra el cristianismo.
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