El control político sobre periodistas se ha institucionalizado en el Congreso. El PSOE y sus aliados promueven una reforma que legaliza la censura parlamentaria. El testimonio de un jefe de prensa servirá para castigar a un periodista en el Congreso
Control de prensa en el Congreso
El control político sobre periodistas ya no es una amenaza futura: es una realidad parlamentaria. El PSOE, junto a PNV y BNG, ha pactado una enmienda transaccional, al dictamen sobre la Reforma del Reglamento del Congreso, que permite sancionar a los periodistas solo con el testimonio del jefe de prensa de un grupo político. Sin pruebas objetivas o garantías. Sin justicia.
El golpe a la libertad informativa y de expresión es evidente. Decir socialismo es decir censura. Y ahora, esta censura se aplica desde el propio corazón de la soberanía nacional: el Parlamento.
Un ataque directo a la libertad de expresión
Los letrados advirtieron de que que el testimonio de un jefe de prensa de un grupo parlamentario no puede servir de base para iniciar un procedimiento sancionador, ya que no tiene consideración de funcionario y es un testimonio de parte.
Pese a esta advertencia, el bloque socialista ha seguido adelante. La fórmula pactada maquilla el texto, pero mantiene el fondo dictatorial: un jefe de prensa —sin ser funcionario público— podrá señalar, acusar y provocar la expulsión de un periodista.
El texto aprobado en la transaccional permite que “la persona que coordine las ruedas de prensa” pueda dar instrucciones a los periodistas y ser testigo suficiente para aplicar sanciones. Esto vulnera la neutralidad que debe regir en cualquier procedimiento sancionador. El testimonio de parte se convierte en ley. Una aberración jurídica, política y moral.
Las sanciones como arma de intimidación
La reforma contempla sanciones desde simples advertencias hasta la retirada de acreditaciones por un período de hasta tres años. La denuncia podrá ser realizada por un jefe de prensa, y bastará para iniciar el proceso.
Se trata de una mordaza institucional, con la apariencia de orden. Una forma de limpiar el Congreso de voces críticas y castigar a los medios no alineados con el discurso gubernamental. La inseguridad jurídica que genera esta reforma deja a los periodistas bajo sospecha y sujetos a la arbitrariedad política.
El Congreso convertido en laboratorio de censura
Esta reforma no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia general: el uso del poder institucional para restringir la libertad informativa. Primero fueron las listas negras de periodistas “incómodos”. Luego, las subvenciones públicas solo a medios afines. Ahora, la censura directa en el Congreso.
Todo esto bajo el manto de “combatir bulos” y “proteger la democracia”. Palabras vacías que sirven de excusa para perseguir al disidente. Lo que pretenden figuras como Patxi López es evidente: un Parlamento con prensa domesticada. La dictadura perfecta al estilo comunista.
Y el PSOE no está solo. Los nacionalistas vascos del PNV y los gallegos del BNG se han aliado con los socialistas en esta enmienda transaccional. El bloque separatista e izquierdista avanza unido para silenciar al periodista libre.
Consecuencias: autocensura, miedo y represión mediática
El control político sobre periodistas genera efectos inmediatos. Muchos profesionales, sabiendo que pueden perder su acreditación por discrepar, optarán por la autocensura. Se impone un clima de miedo, de vigilancia, de sumisión.
Se abre la puerta a procedimientos sancionadores sin garantías reforzadas, sin pruebas objetivas, sin imparcialidad. Un jefe de prensa de un partido podrá castigar al periodista que no se someta al relato oficial.
Y si el periodista no se pliega, será expulsado. No por un juez. No por una comisión imparcial. Sino por la voluntad de un partido. Esta es la nueva dictadura parlamentaria.
Atropello constitucional
El Gobierno insiste en que la medida “regula” pero no “restringe”. Otra mentira institucional. La reforma no busca ordenar, sino castigar. No protege la información: la dirige, la manipula, la censura.
El control político sobre periodistas representa una regresión en derechos fundamentales. Ningún parlamento europeo moderno ha aprobado algo similar. Solo los regímenes autoritarios comunistas recurren a estas prácticas. Y España se encamina a ello.
