Vuelve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a atentar contra la vida del ser humano en gestación. Ésta vez auspiciado por el término ideológico: “el derecho a decidir” y la imposición, con lo que se pretenden dos cosas, primero legitimar y legalizar el aborto y segundo; reconocer el supuesto derecho de elegir como una garantía constitucional en otras materias.
El pasado 30 de agosto se presentaron dos iniciativas a estudio en el máximo órgano jurídico del país, para ser votadas en este mes de septiembre, la primera presentada por Ministro Luis María Aguilar y la segunda; por el Ministro Alfredo Gutiérrez, ambas con alcances nacionales:
En el caso de la primera, de aprobarse, se estaría declarando la inconstitucionalidad del art. 196 del Código Penal del Estado de Coahuila como lo propone Aguilar, con lo cual se legalizaría el aborto hasta las 12 semanas de gestación y se rechazaría que el embrión o feto sea titular de derechos. Traduciéndose en la práctica en que todos los jueces del país deben ignorar las sanciones establecidas por el delito de aborto.
Pero también busca la legitimación del aborto y de la postura del Estado liberal frente a éste, ya que no se puede basar en un “constructo social”, sino en la decisión de la mujer, dice la iniciativa, y por lo tanto “no tiene cabida en la doctrina jurisprudencial que no pueda ella decidir”, además, continua, “no compete al Estado evaluar las razones para continuar o no con el embarazo”. |
Ciertamente al Estado no le compete evaluar razones personales para abortar o no, pero si proteger y garantizar la vida y la integridad de todos.
Por lo que respecta a la segunda iniciativa con la que el Ministro Gutiérrez pretende que se anule un apartado del art. 41 bis de la Constitución del Estado de Sinaloa, se estaría negando toda protección al ser humano en gestación, sosteniendo textualmente que no se dará “Ninguna protección a la vida desde la concepción” dejándolo en absoluto desamparo legal.
Por supuesto que de aprobarse ésta iniciativa, se estaría invalidando los artículos constitucionales de 19 estados del país que en entre los años 2008 y 2018 protegieron la vida desde su concepción, entre los que se encuentran Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Nayarit, Puebla y Baja California, entre otros.
Con lo cual se estaría también violando el principio de autonomía de los estados, de división de poderes y rechazando el ejercicio democrático donde los ciudadanos ya hemos manifestado nuestra voluntad de custodiar la vida.
En ninguna de ambas iniciativas fueron considerados los criterios científicos universales, legales de protección al menos, del deber y derecho de los padres a proteger a sus hijos, de la no discriminación y la equidad y por supuesto de la obligatoriedad del Estado para con la sociedad de vivir en paz, libre de asesinatos y violencia.
Por el contrario, están soportados en artilugios ideológicos, eufemismos y terminologías, como el supuesto “derecho a decir”, que legalmente no existe, pero que de aprobarse las iniciativas se estaría introduciendo en el ámbito jurídico abriendo con ello la puerta a la legalización de otros delitos como la eutanasia, la pederastia, etc. Donde la decisión impere sobre la verdad y el bien común.
El tema es delicado. México se encuentra ante la posibilidad real de constitucionalizar el aborto por la puerta trasera, es decir por la imposición legal e ideológica.
Norma Barba | Abogada familiarista
