Consecuencias de la aberrante «ley trans»: Los cambios de sexo se disparan hasta los 10.670 en dos años

Un crecimiento exponencial

Los datos hablan por sí solos. En 2022, antes de la entrada en vigor de la ley, 1.306 personas habían cambiado de sexo en el Registro Civil. Sin embargo, tras la aplicación de la norma en 2023 y 2024, las cifras se multiplicaron por cuatro: 5.139 cambios en el primer año y 5.531 en el segundo.

Pero hay otro detalle significativo: la mayoría de las solicitudes corresponden a hombres que quieren ser registrados como mujeres. En 2023, el 61,3% de los cambios fueron de hombre a mujer (3.149 frente a 1.990). En 2024, la tendencia se incrementó hasta el 63,1% (3.491 frente a 2.040). En total, 6.640 hombres han cambiado su sexo a femenino en solo dos años, lo que representa el 62,23% del total.

La trampa de la «autodeterminación de género»

La nefasta y sectaria «ley trans» de Montero eliminó cualquier control médico o psicológico para realizar el cambio registral de sexo. A diferencia de otros países que requieren tratamientos hormonales y quirúrgicos, en España basta con la simple declaración del solicitante. Este solo debe rellenar un formulario, acudir a una segunda cita en tres meses para ratificar su decisión y, sin más trámites ni diagnósticos, su sexo queda modificado legalmente.

Esto ha generado un efecto llamada entre aquellos que ven en esta norma una oportunidad para eludir ciertas responsabilidades o beneficiarse de ventajas legales y administrativas. Algunos de los motivos ocultos que podrían explicar este fenómeno incluyen:

• Evitar denuncias por violencia de género: Al cambiar de sexo, algunos varones pueden esquivar la legislación que penaliza más severamente a los hombres en casos de violencia doméstica.
• Acceder a plazas reservadas para mujeres en oposiciones: En cuerpos policiales o militares, donde las notas de corte son distintas según el sexo, esta norma se presta a fraudes.
• Beneficiarse de ayudas y cuotas de género: Muchas subvenciones y programas gubernamentales tienen cupos específicos para mujeres, lo que genera un incentivo adicional para modificar el sexo registral.

Una anomalía internacional

Mientras en España el Gobierno de Pedro Sánchez persiste en mantener esta normativa sin atender sus consecuencias, en otros países ya se han dado cuenta del error y están rectificando. En Reino Unido, por ejemplo, se han endurecido los requisitos para el cambio de sexo tras detectar abusos y falsificaciones. En Suecia y Finlandia, se ha reducido el acceso a tratamientos hormonales para menores al constatar los daños irreversibles que pueden causar. Recientemente EEUU se ha sumado a esta ola de rechazo y ha prohibido el cambio de sexo.

Sin embargo, en nuestro país, el sectarismo ideológico del gobierno de coalición de socialistas y comunistas impide corregir el rumbo. A pesar de las alertas de médicos, juristas y expertos en psicología, el Gobierno sigue defendiendo una ley que ha disparado el número de cambios de sexo y ha generado efectos perversos en la sociedad.

El Gobierno de Sánchez se niega a reconocer estos problemas y continúa promoviendo una ideología de género que choca con la realidad. La única solución sensata es derogar esta norma cuanto antes y seguir el ejemplo de otros países que han comprendido el error a tiempo.

España no puede permitirse seguir en esta senda de sectarismo ideológico. Los hechos están sobre la mesa: la «ley trans» además de ser aberrante, es un fracaso absoluto y es hora de rectificar antes de que las consecuencias sean aún más devastadoras.