Menos del 40% de la población en pobreza severa recibe ayudas
Así lo señala un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que indica además que las comunidades autónomas con mayor porcentaje de pobreza severa son Canarias (15% de la población afectada), Andalucía (con el 10,3%) y Murcia (el 10,2%). Cataluña y Madrid también presentan datos preocupantes, con el 9 y el 7,4%, respectivamente.
1 de cada 12 españoles necesita ayuda para cubrir sus necesidades más básicas
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sitúa en el 8,3% la población española que necesita ayuda para cubrir sus necesidades más básicas. Algunos de los aspectos por los que se determina la carencia material y social severa son no poderse permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos o retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…), entre otros.
La cuantía de las ayudas que reciben los ciudadanos en esa situación asciende a una media de tan solo 172 euros por perceptor, aunque hay grandes diferencias entre territorios (así, en Murcia alcanzan los 3.600 euros, mientras que esta cifra se reduce a 75 euros en Andalucía o a 87 en Madrid).
La Asociación destaca que, pese a que muchas entidades locales han aumentado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los últimos dos años, «los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro, y por tanto, la eficacia de las ayudas».
En este sentido, es llamativa también la diferencia en el porcentaje de personas que acceden a las ayudas de urgencia. Mientras que en Murcia solo las recibe el 0,1% de la población con carencias materiales severas, en Andalucía este porcentaje es superior a la media nacional (59,3% frente al 45% de la media de España).
En un comunicado, el organismo lamenta que hay ayuntamientos en los que se puede llegar a tardar dos meses en acceder a una ayuda de urgencia social, y que algunas trabas a la hora de justificarlas son «dificultosas y humillantes». A su juicio, el principal problema radica en la interpretación estricta de la Ley de Subvenciones, que considera las ayudas como subvenciones, lo que aumenta aún más las dificultades burocráticas.
Por todo ello, considera «imprescindible y urgente modificar la norma para que queden exceptuadas (las ayudas) de la Ley General de Subvenciones». También afirma que la Intervención General de la Administración del Estado «debería enviar una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia», concluye.
(Con información de La Razón)
