La corrupción en la Cruz Roja: falsificación de datos de Menas y derroche de fondos públicos

La Cruz Roja, una organización que en teoría debería actuar con total transparencia y dedicación a la ayuda humanitaria, se encuentra ahora en el ojo del huracán debido a las gravísimas denuncias que pesan sobre ella. La propia Fiscalía, en su Memoria de 2024, ha destapado una práctica escandalosa: la falsificación de datos para registrar como menores extranjeros no acompañados (MENAS) a inmigrantes ilegales «claramente mayores de edad».

Así, cada menor ingresado supone un coste que es cubierto por las administraciones públicas, lo que podría traducirse en financiación adicional para la ONG. Esta financiación está destinada a cubrir gastos de alimentación, alojamiento, educación y asistencia sanitaria de los menores, pero el volumen de recursos asignados puede variar en función del número de menores atendidos.

Esta acción fraudulenta no solo distorsiona la realidad, sino que también supone un fraude millonario a las arcas públicas, incrementando injustificadamente las subvenciones que recibe la ONG.

Un entramado financiero opaco

Las cifras hablan por sí solas: en 2023, la Cruz Roja recibió casi 514 millones de euros en subvenciones, de los cuales el 92% fue destinado a gastos de personal. Más alarmante aún es que más de cuatro millones de euros se repartieron entre 64 personas pertenecientes a la «alta dirección», quienes perciben salarios superiores a 60.000 euros anuales. A esto se suman otros 146 millones de euros en servicios exteriores, dejando un mínimo 7,5% del total para el personal sanitario.

Este reparto de fondos evidencia que la ONG ha dejado de lado su propósito original y se ha convertido en un chiringuito financiado con dinero público. En lugar de priorizar la ayuda a los verdaderamente necesitados, parece centrarse en el enriquecimiento de su cúpula directiva, mientras falsea datos para obtener más subvenciones.

Un engaño sistemático y tolerado

No es la primera vez que la Cruz Roja se ve envuelta en polémica por su gestión. Durante la DANA, ya se evidenció su falta de transparencia y la ineficacia en la distribución de recursos. Ahora, con estas nuevas denuncias, queda claro que no se trata de casos aislados, sino de un modelo de gestión donde el fin parece justificar los medios.

Lo más preocupante es que ni los partidos de izquierda ni las administraciones que gobiernan han tomado medidas para frenar estos abusos. Más bien, han actuado como cómplices silenciosos, permitiendo que esta situación se prolongue en el tiempo.

La Fiscalía interviene: ¿será suficiente?

A raíz de las evidencias recogidas en su Memoria de 2024, la Fiscalía ha iniciado acciones para corregir estas prácticas fraudulentas y garantizar una correcta identificación de los menores. Sin embargo, si estas investigaciones no van acompañadas de ceses, dimisiones y sanciones ejemplares, todo quedará en papel mojado y la corrupción seguirá enquistada en la organización.

No se puede permitir que una ONG que debería estar al servicio de los ciudadanos se convierta en un negocio lucrativo a costa del dinero público. Si la Cruz Roja ha caído en la corrupción y la manipulación de datos para maximizar sus ingresos, debe ser disuelta y sus responsables llevados ante la justicia.

Transparencia o desaparición

La credibilidad de la Cruz Roja está en juego. Las evidencias de corrupción y manipulación de datos no pueden ser ignoradas ni minimizadas. La sociedad exige transparencia, rendición de cuentas y el fin del despilfarro de recursos públicos. Si la Cruz Roja no es capaz de corregir el rumbo y garantizar una gestión honesta, la solución es clara: su disolución inmediata.