Calvente implica a Iglesias, Montero, Del Olmo y Mayoral

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El antiguo abogado de Podemos José Manuel Calvente apuntó ayer al «equipo directivo» del partido como responsable de diseñar la «estrategia» para la «patraña» que en su opinión, ha sido todo el caso Dina. Dio cuatro nombres: Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafael Mayoral y Juan Manuel del Olmo. 

Calvente compareció durante cerca de cuatro horas en calidad de testigo en la pieza separada del caso Villarejo que investiga por qué el contenido del móvil sustraído a la exasesora del vicepresidente Pablo Iglesias Dina Bousselham apareció entre los archivos del polémico comisario y pasó por al menos dos redacciones. Su citación obedecía a que ha venido insistiendo en que vincular el robo con las cloacas del Estado era un «montaje» por el que se había engañado al juez.

Según informaron a ABC en fuentes presentes en la declaración, Calvente se ratificó de todos estos extremos. También de los mensajes que lanzó en redes sociales apuntando al conocimiento que tendría Pablo Iglesias del asunto. Sin embargo, los consultados por este diario coinciden en que su testifical fue «dispersa», no pudo aportar pruebas concretas de esa supuesta estrategia para un montaje ni afinar cómo y a partir de quién había tenido acceso a esa información. Sí aportó, no obstante, «mucho contexto», de acuerdo a otras fuentes, muy valioso.

Duda del robo

Calvente explicó que en su opinión, el robo en sí del teléfono móvil que Bousselham denunció en 2015 pudo ser ficticio. Lo argumentó, por un lado, aduciendo que ella era consciente de que había enviado a terceros pantallazos de chat que, de salir a la luz, podrían meter en un lío a Iglesias. Esos son los mismos pantallazos que un año después saldrían a la luz y que también tenía Villarejo. Además, añadía otro ingrediente. De acuerdo a la denuncia, el supuesto ladrón se llevó tanto su móvil como el de su pareja, Ricardo Sa Ferreira. Él también trabajaba en el partido y su móvil contenía información «incluso más relevante», pero no se ha sabido nada al respecto.

En cuanto al momento en que se publicaron los pantallazos, Calvente explicó ante el juez que el equipo legal de Podemos mantuvo un intenso debate en su grupo de chat sobre qué hacer. Afirma que la jefa del grupo, Gloria Elizo, decidió ampliar la denuncia.

Los chats

La situación terminó por ser de «locos», en opinión del abogado, cuando intervino la Audiencia Nacional por el hallazgo de materiales de Bousselham en poder de Villarejo. Fue ahí donde, según afirmó, la cúpula diseñó la estrategia para seguir con «la patraña» de la cloaca detrás del robo.

Calvente ya había trasladado estas mismas impresiones en los chats de trabajo del equipo legal, parte de los cuales han visto la luz en la prensa

Precisamente, en la sesión de ayer el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, solicitó que fuesen aportados al procedimiento porque también evidencian que los abogados de Podemos, que ejercen la acusación popular en esta macrocausa, han mantenido reuniones con los fiscales de Anticorrupción que llevan el caso. Este hecho, que ambas partes explican como los contactos normales entre dos acusaciones en un procedimiento penal, ha motivado que algunas defensas sospechen de connivencia.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ayer sustituía a los titulares de la causa por el alcance político que ha adquirido esta pieza separada, apoyó la petición. «Nosotros no tenemos nada que esconder», dijo en varios momentos de la sesión, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Los fiscales dan otro paso

Precisamente, los dos fiscales a cargo de la causa, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, tomaron ayer la iniciativa mientras se celebraba la declaración. Según informan en fuentes jurídicas a ABC, registraron un escrito en el que solicitan al juez que vuelva a llamar a Dina Bousselham y convoque igualmente a su marido Ricardo Sa Ferreira.

Desde la última vez que ella pasó por el juzgado, en una sesión en la que repitió hasta 20 veces que Iglesias le devolvió la tarjeta estropeada ha habido varios cambios. El juez expulsó a Iglesias del procedimiento por encontrar indicios en su conducta de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos. Ella se retractó y dijo que la tarjeta funcionaba pero el juez acordó igualmente nuevas diligencias para preguntar al servicio técnico al que Sa Ferreira la envió a reparar y a la Policía Científica.

Ambos trabajos coinciden en que los daños físicos del dispositivo pueden deberse a la técnica aplicada en la empresa para mirar dentro. Y sobre el daño interior que presenta, como impide su funcionamiento, no se puede conocer qué o quién lo causó, ni cómo o cuándo. No se despeja así la sospecha del estropicio intencionado.

La última vez que Anticorrupción solicitó la declaración de Bousselham fue tras apreciar los indicios de los dos mencionados delitos en la conducta de Pablo Iglesias e instar al juez a que le retirase la condición de perjudicado de la causa. Los fiscales razonaban que al ser la revelación de secretos un delito que se persigue a instancia de parte, había que preguntarle a Bousselham si quería emprender acciones legales contra su jefe o ejercer el perdón del ofendido.

Ella puso por escrito que no tenía nada contra él y de hecho, se empeñó, contra criterio del juez, en que ambos siguieran compartiendo abogada porque no veía conflicto alguno de interés, lo que a juicio del Ministerio Público era una forma «tácita» de expresar ese perdón, pero no suficiente. Debía declarar en el juzgado. El juez decidió esperar a tener el resto de diligencias antes de llamarla. Ahora, vuelve a tener la petición sobre la mesa, pero esta vez, con otra para interrogar a Sa Ferreira, la persona que ocultó en su primera comparecencia ante el juez que habían recuperado la tarjeta y que él mismo la había enviado a reparar.

Entretanto, nace una nueva derivada. Calvente se derrumbó ayer durante la declaración y dijo estar sufriendo amenazas del entorno de Podemos en lo que calificó de ataques de «kale borroka». El juez ordenó deducir testimonio para que la Fiscalía lo investigue y en su caso, le brinde protección

(Isabel Vega. Diario ABC)