La sostenibilidad del sistema de pensiones: un problema creciente
El envejecimiento de la población española es un desafío demográfico que amenaza la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según el Instituto de Política Familiar (IPF), liderado por Mariano Martínez-Aedo, “la quiebra demográfica es ya una triste realidad en España sin que las administraciones hagan nada para solucionarlo«. La falta de acción pone en riesgo la estructura social y económica del país.
La mitad de las pensiones de viudedad son percibidas por personas que han cumplido ya los 80 años, lo que añade presión a un sistema ya sobrecargado. Castilla y León es la comunidad con mayores problemas, con una población envejecida que necesita soluciones urgentes.
España: una nación envejecida
Desde 1981, la población mayor de 65 años ha crecido un 124%, mientras que la población menor de 15 años ha decrecido un 32%. Hoy en día, España es uno de los seis países de la UE27 con mayor proporción de mayores de 80 años. Los casi 2,9 millones de personas mayores de 80 años representan el 6% de la población, y esta cifra sigue en aumento.
Martínez-Aedo subraya que «España corre el riesgo de desaparecer como sociedad si no aborda de inmediato su demografía y natalidad. Es el séptimo país del mundo con peor índice de fecundidad; lleva más de 40 años por debajo del nivel de reemplazo generacional«.
El aumento de las pensiones y el envejecimiento poblacional
Cada año, el sistema público de pensiones debe atender el pago de alrededor de 150.000 nuevas pensiones. En 2024, el aumento del número de pensiones fue de 148.998, de las cuales dos terceras partes son de jubilación. Esto, sumado al envejecimiento de la población, encarece el pago de las nóminas mensuales, alcanzando los 12.974 millones de euros en diciembre del año pasado.
El envejecimiento no es uniforme en todo el país. En Castilla y León, uno de cada cinco pensionistas tiene más de 85 años. Galicia y Asturias también enfrentan tasas elevadas de población envejecida, mientras que regiones como Canarias y Andalucía presentan cifras más bajas.
El problema no resuelto de la natalidad
Mientras el gobierno se ve obligado a aprobar medidas para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, ignora el problema de la natalidad, que es la clave para un sistema de pensiones sostenible. España necesita, al menos, 266.000 nacimientos adicionales anuales para asegurar el nivel de reemplazo generacional. Sin embargo, en lugar de implementar políticas efectivas para incentivar la natalidad, las administraciones continúan con un enfoque cortoplacista y antinatalista.
El gobierno debe dejar de actuar como un «bombero-pirómano» y empezar a tomar medidas reales para resolver la crisis de natalidad. La sostenibilidad del sistema de pensiones depende de ello. Si no se implementan políticas que fomenten el crecimiento demográfico, el futuro de las pensiones en España estará en peligro.
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