Es objetivo de Biden el liderar la causa de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo
Que Biden tenía claro su hoja de ruta globalista y de apoyo e impulso de la agenda LGBT se vio en cuanto llegó al poder: el 4 de febrero de 2021, apenas dos semanas después de llegar a la Casa Blanca, hizo público un decreto titulado «Promoción de los derechos humanos de las personas gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales en todo el mundo», al que atribuía la condición de «asunto relevante para la seguridad nacional». Y con ello, puso en marcha varias disposiciones ejecutivas.
Para Biden la justificación era simple: «Estados Unidos debe estar a la vanguardia de esta lucha, alzando su voz y defendiendo sus valores más preciados», de ahí que «nuestra política será ponerle fin a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales, y liderar con el poder de nuestro ejemplo la causa de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo». Si, en efecto, liderar la causa de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo». Más claro, imposible.
En septiembre de 2021, secretario de Estado, Anthony Blinken, nombró a Jessica Stern «enviada de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo». En otras palabras, una comisaria política para promocionar e imponer la aplicación de la agenda homosexual de Biden y Blinken.
La exportación de la ideología LGBT: prioridad de la Administración Biden
Como subraya el informe «la exportación de la ideología LGBT: la prioridad de la Administración Biden», publicado hace unas semanas por The Family Resesarch Council, «se trata de un objetivo sin precedentes para ejercer un control sobre las percepciones culturales y políticas de otros países, y para impulsar conceptos que ni siquiera se encuentran en las leyes estadounidenses de derechos civiles».
La Administración Biden realiza un seguimiento exhaustivo de sus acciones, de cuyos resultados rinde cuentas periódicamente: el 28 de abril de 2022, sin ir más lejos, el Departamento de Estado publicó su «primer informe de progreso en su clase», 130 páginas, que «ofrece informes detallados y transparentes de las agencias del Gobierno de EE.UU que participan en el exterior en los esfuerzos para proteger y promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en todo el mundo».
Un año 2022, por cierto, en el que la bandera arcoíris ondeó en la fachada de 99 embajadas. En algunos casos, se llegó hasta la provocación al colocar ese símbolo en las embajadas ante la Santa Sede y las de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Además, en 2022, fueron 132 el número de representaciones diplomáticas estadounidenses que celebraron oficialmente el «Mes del Orgullo» a través de las redes sociales o de sus respectivas páginas web. En 49 de ellas, miembros del personal de las embajadas participaron en las marchas celebradas al respecto.
Incesto y pedofilia
Todas estas operaciones serían de imposible culminación sin subvenciones cuidadosamente dosificadas por el Departamento de Estado.
El país más beneficiado por la generosidad estadounidense en materia Lgbt fue Botsuana, que en 2022 recibió 300.000 dólares. Nada extraño, pues África es, desde hace tiempo, objetivo preferencial de las redes homosexualistas a nivel global.
Sin embargo, han sido en Portugal y Ecuador donde se ha producido el uso más discutible de los fondos procedentes del erario norteamericano. En septiembre de 2021: la embajada de Estados Unidos en el país luso financió con 100.000 dólares un festival de cine, «Queer Lisboa», en el que se pudieron ver, según The Family Research Council, imágenes de incesto y pedofilia.
Algo similar ocurrió en Ecuador tras una ayuda de 20.600 dólares, concedida en el otoño de 2022, al Centro Ecuatoriano Norteamericano Abraham Lincoln (Cena), encaminada a «promover la diversidad y la inclusión» mediante representaciones drag y medios de comunicación relacionados con la «temática Lgbt».
Sin embargo, Estados Unidos también actúa en red para potenciar a nivel global los objetivos LGBTQI+. Lo hace principalmente a través del Fondo Mundial para la Igualdad, creado en 2011 por Obama, con la ayuda de fundaciones especializadas y de conocidas empresas como Deloitte, The Royal Bank of Canada, Marriott, Hilton o Bloomberg.
El citado fondo otorga ayuda de hasta 1,5 millones de dólares para «empoderar a los movimientos y comunidades locales», «prevenir, mitigar y recuperarse de la violencia, la discriminación, el estigma y los abusos contra los derechos humanos», «promover la plena inclusión social» o «abordar cuestiones críticas de justicia».
Un vocabulario de apariencia consensual para servir objetivos muy divisivos. El apoyo financiero del Fondo Mundial para la Igualdad había superado, en 2021, los 100 millones de dólares.
Por último, el informe de The Family Research Council documenta cómo el Departamento de Estado durante la huida de los americanos de Afganistán indicó al responsable de una organización cristiana que su avión tendría más posibilidades de despegar si llevaba a bordo personas «identificadas como Lgbt». Más claro, el agua.
(Con información de El Debate)
