El distrito de Sant Martí estudia vetar los parlamentos discriminatorios en su consejos
Cataluña, laboratorio de represión ideológica
Barcelona censura la libertad de expresión en nombre de una supuesta lucha contra el “odio”. Lo hace mediante una ordenanza promovida por el alcalde socialista Jaume Collboni, que pretende sancionar expresiones que él y sus socios separatistas consideren “discriminatorias”, incluso cuando se trata de simples opiniones políticas legítimas.
La frase Barcelona censura la libertad de expresión no es una exageración, sino una radiografía precisa de lo que está ocurriendo. El distrito de Sant Martí se convertirá en la primera zona de España donde se podrá sancionar a concejales simplemente por expresar sus ideas. Todo, impulsado por grupos separatistas de extrema izquierda como Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR), que actúan con la connivencia del poder político.
Una nueva ofensiva contra Vox y Aliança Catalana
La entidad UCFR ha instado al Ayuntamiento a modificar el reglamento para impedir que en los consejos de distrito se expresen opiniones que, según su criterio, “lesionen la dignidad de las personas” o puedan fomentar el “odio”. Aunque se disfraza de defensa de derechos, el objetivo es claro: silenciar a Vox y Aliança Catalana, los únicos que se atreven a plantar cara a la dictadura ideológica.
El alcalde socialista Collboni censura la libertad de expresión para proteger una minoría politizada y perseguir a quienes denuncian los excesos del separatismo, la inmigración ilegal o la ideología de género. La izquierda radical está construyendo un código de conducta que persigue penalizar las ideas críticas y disidentes. Y ya no se esconden.
En Terrassa, gobernada por Tot Terrassa, Junts y ERC, ya se aplica una norma similar. El artículo 24 permite al alcalde retirar la palabra a cualquier concejal que emita opiniones “discriminatorias”, con riesgo de expulsión del pleno. El patrón se repite: represión del disidente en nombre del “respeto”.
El socialismo y la izquierda global quieren imponer el silencio
El alcalde Jaume Collboni, abiertamente activista de la agenda LGBT, ha dejado claro que su plan es “sensibilizar” incluso ante “micromachismos” y “microrracismos”. Con esa ambigüedad, cualquier crítica a la inmigración masiva, la ideología de género o los privilegios identitarios puede ser calificada de delito.
Barcelona censura la libertad de expresión mientras presume de ser una ciudad “abierta y plural”. La incoherencia es evidente. Solo se permite opinar si se está de acuerdo con la agenda 2030, el colectivo lgtbi, el multiculturalismo y el progresismo izquierdista globalista.
El objetivo de esta ordenanza no es la convivencia, sino la represión y el control del discurso. Se combate las ideas que molestan al poder. Y se hará con multas, sanciones y amenazas judiciales.
La izquierda totalitaria en red: Eurocities y represión ideológica
Este nuevo modelo de censura no es casual ni aislado. La red de ciudades europeas Eurocities, de la que ahora Jaume Collboni es vicepresidente, promueve la “acción climática” y la lucha contra los “discursos de odio”. Bajo ese paraguas, se está construyendo una Europa con censura y represión, sin libertad de expresión.
La regidora Rosa Boladeras, durante la Asamblea General de Ciudades Europeas en San Sebastián, no dudó en reivindicar estas medidas, incluyendo la lucha contra la “desinformación y polarización”. Lo que llaman “odio” es simplemente discrepar de la ideología oficial.
Esta alianza entre poder local y organismos internacionales responde al mismo patrón que ya denunció este diario: utilizar instituciones aparentemente democráticas para imponer un pensamiento único. Lo que comenzó con la censura en redes sociales ahora se traslada a los plenos municipales. Y pronto será generalizado.
Estamos ante un nuevo modelo de represión que busca silenciar toda voz que se aparte del guion izquierdista-globalista.
