Ataque a la objeción de conciencia: Montero admite que sus listas negras de médicos antiaborto «pueden suponer un riesgo en su carrera»

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La ley del aborto, promovida por la comunista Irene Montero y actualmente en trámite parlamentario, recoge entre sus novedades la polémica creación de un registro de médicos objetores de conciencia.
Es una medida que ha sido criticada por agentes sociales, asociaciones profesionales, etc. y que entra en conflicto con la libertad ideológica y de conciencia. De hecho, el propio Ministerio de Igualdad admite que la creación de este registro «entraña ciertamente un riesgo considerable en materia de protección de datos, en la medida en que una pérdida de confidencialidad podría tener un impacto potencialmente muy significativo, por el riesgo asociado de provocar consecuencias para la carrera profesional, actos de discriminación o daños reputacionales, entre otros».

Así lo asume en la memoria de análisis del impacto normativo remitida al Congreso. Pese a ello, Igualdad defiende su medida porque «conlleva importantes beneficios, tanto para las personas interesadas (poder hacer efectivo su derecho a la objeción de conciencia), como para la entidad responsable», es decir, el centro sanitario, pues «permite planificar adecuadamente la asignación de recursos humanos para la práctica efectiva de las interrupciones voluntarias del embarazo, y atender razonablemente las demandas sociales». Un argumento que carece de sentido cuando lo lógico sería hacer un registro del personal que sí está dispuesto a hacer los abortos.

Temores

La elaboración de listas de médicos objetores y críticos con el aborto ha provocado temores y recelos entre la comunidad médica, donde se considera que puede contravenir el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias, como se garantiza en el artículo 16.2 de la Constitución Española. Estiman, además, que el registro puede ser contrario al derecho a la confidencialidad e incluso a la no discriminación y recelan de que pueda derivar en consecuencias laborales, en la medida en que el servicio tendrá que organizarse según la disponibilidad de sanitarios que estén dispuestos a esta práctica.

Incluso la propia Montero no ha tenido reparo en admitir que «una vez que sepamos, en la privada y en la pública, el personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y comunidad autónoma tendrán que garantizar que hay siempre personal disponible».

En la memoria enviada al Congreso, el Ministerio de Igualdad defiende que «han de adoptarse las máximas precauciones para prevenir eventuales pérdidas de confidencialidad, integridad, autenticidad o trazabilidad».

Aborto a los 16

Entre los puntos más destacados de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años abortar sin el permiso de sus progenitores. La norma, además, incluye otras medidas que han generado polémica, como las bajas por reglas dolorosas incapacitantes.

(Con información de OK Diario)

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