La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), por un presunto delito de prevaricación con el agravante de discriminación, al permitir el derribo de la cruz de Aguilar de la Frontera.
La organización de juristas acusa a Patricia del Pozo, así como a la delegada territorial de la Consejería en Córdoba, Cristina Casanueva, de autorizar la demolición de la cruz de Aguilar de la Frontera sin contrastar los argumentos dados por el ayuntamiento. En este contexto Polonia Castellanos, presidente de la Fundación Española de Abogados Cristianos ha señalado a Adelante España que «La responsabilidad de la retirada de la Cruz de Aguilar no es sólo de la alcaldesa, sino de la Consejera de Cultura de la Junta que permitió y dio el visto bueno a un informe cargado de irregularidades. de hecho, es la propia directora general la que dice que la Cruz no tiene ningún significado y se puede tirar sin problema«.
En efecto, la presidenta de Abogados Cristianos, ha asegurado que «todo el proceso de derribo está plagado de irregularidades». Y afirma que «la Junta de Andalucía, además de permitir el derribo pese a la ausencia del informe preceptivo, aseguró que la cruz carecía de valor. Algo que supone un grave ataque a los sentimientos religiosos de los cristianos».
Castellanos anuncia que «desde Abogados Cristianos hemos iniciado también los trámites administrativos para solicitar la nulidad del acto por el que se aprobó el derribo de la Cruz, y por tanto, exigimos su reposición o la de una cruz de similares características en el mismo emplazamiento».
Castellanos concluye que «cada vez que se derribe una cruz, Abogados Cristianos llevará al responsable ante la Justicia». Y anuncia que «no pararemos hasta reponer todas las cruces que se tiren».
