El hombre es familia, constitutivamente nace y se desarrolla en una familia, y su vocación normal es la de constituir una propia. Lamentablemente esta esencialidad familiar de lo humano se ha convertido en el último enemigo a derrotar en el proyecto de reconversión del hombre, una vez abatidos los entornos y culturas naturales que acompañaban al hombre en su vivencia. Sólo la familia se alza contra el proyecto de crear una sociedad humana sumisa a los nuevos dogmas “humanistas”, combinados con la ideología de género, el ambiente unanimista de los medios de comunicación, y la pléyade de grandes grupos y proyectos que lo apadrinan.
En este ambiente, algunos llegan al límite en su inquina antifamiliar, aunque suponga acelerar la crisis demográfica que amenaza con acabar con esta sociedad. Y en España tenemos la triste experiencia de contarnos entre los más “avanzados” (o los más salvajes). A pesar de que la inmensa mayoría de las personas valoran a la familia como algo importantísimo en su vida, a pesar de que la inmensa mayoría de las personas viven en familia, o al menos en estructuras semejantes, en España la familia es olvidada o preterida en cuento a derechos y ayudas reales.
Así asistimos a un olvido constante de la omnipresente estructura familiar de la vida real de las personas a la hora de definir políticas públicas, mientras que por ley se hace necesario efectuar informes de “impacto de género” desde la ley de presupuestos generales del estado (697 páginas para el de 2021) hasta para poner un semáforo en una esquina. Como cualquiera puede comprender, sería algo mucho más razonable y efectivo que este enorme esfuerzo se hiciera, al menos con igual intensidad, para evaluar las políticas y actuaciones públicas frente a la familia. Cualquiera puede comprender que, por analizar sólo un ejemplo, en el tema de vivienda el aspecto familiar es vital porque la inmensa mayoría de las personas no viven solas (y el indicador de las que lo hacen suele estudiarse con preocupación en instancias oficiales) y resultaría absurda una política de vivienda orientada al individuo.
Otro aspecto vital, es que la función fundamental y originaria de la familia, que es tener y cuidar de los hijos, no es valorada justamente en nuestra nación. Así asistimos a unas administraciones y una clase política que se considera cada vez más como referente de los niños y de su educación. Así la reciente ley Celáa representa un paso adelante en esta expropiación en remoto de los niños respecto de sus familias. En coherencia con las palabras de la ministra: “los hijos no son de los padres”, la Administración es quien establece los contenidos morales a estudiar mediante los valores a transmitir específicamente o de forma transversal, consagrando “dogmas” como la “igualdad de género” o la “ciudadanía mundial”, eliminando el valor de las opiniones de los padres (desaparece cualquier reconocimiento a la demanda social).
Por el contrario, esos hijos “a educar por la administración” cada vez recaen más sobre los padres que pierden derechos y “ganan” obligaciones. Así mientras los padres son responsables de sus hijos, estos podrán cambiar de sexo, abortar, etc. sin consentimiento de estos. Hasta asistimos a decisiones judiciales sorprendentes que castigan a padres a pagar sus gastos a hijos mayores de edad.
Y además de todo este panorama negro para la familia, qué pasa con la natalidad. Pues como es lógico si consideramos no sólo ese cúmulo de ataques, sino a la cultura dominante individualista y de puro egoísmo, cada vez nacen menos niños en España, y no hablamos de una pequeña caída, sino que no estamos ya en un invierno sino en una auténtica sequía, en una pandemia de infertilidad. Ante esto, ¿qué hacen las autoridades?, ¿se preocupan?, ¿Toman medidas, ponen ayudas, quitan trabas, impulsan y facilitan las cosas?….
Pues, como ya sabes querido lector, todo lo contrario. Mientras en toda Europa existen políticas de ayuda a la crianza de hijos, en España acaba de desaparecer la ayuda por hijo a cargo. Según el ministro Escrivá porque ya se cubre su necesidad con el Ingreso Mínimo Vital.
Al principio de la democracia se siguieron cobrando los famosos puntos de época de Franco a razón de 250 pesetas por hijo y mes que se mantuvieron hasta Junio de 1991. El gobierno de Felipe González con el desarrollo de la ley 26/1990 establece una ayuda por hijo a cargo limitada a las rentas más bajas. De esta forma se eliminó una ayuda general por una ayuda más bien asistencial, al limitar fuertemente la renta para cobrarlas. Sorprendentemente, el importe global se mantuvo congelado, al incrementar el importe de la ayuda de forma inversa a la limitación de beneficiarios.
De esta forma el importe congelado desde la época de Franco, se mantuvo fijo hasta 1991, y luego se redistribuyó (más a menos) pero siguió siendo la misma cantidad que llegó hasta el año 2000, cuando el gobierno Aznar incrementó su cuantía y se quedó congelado con algún retoque hasta el año 2020, cuando el gobierno social-comunista lo incrementó levemente para hacerlo desaparecer unos mese más tarde.
En definitiva, la historia de la política familiar en España ha sido desesperante, con unas pocas ayudas cada vez más convertidas en medidas sociales, congeladas durante décadas y devaluadas hasta el mínimo.
Tan sonrojante era la situación en los indicadores internacionales (España dedicaba el 0,5% del PIB a familia en contraste con la UE que quintuplicaba ese porcentaje) que cuando llega Zapatero al poder, decide actuar y cambiar la situación… Pero en lugar de cambiar la política, cambia la estadística. Como suena, en 2005, el porcentaje español en Eurostat para los últimos años se ve súbitamente doblado, España sigue muy abajo pero ya no es tan clamorosa la situación. Interrogado Eurostat al respecto, aclaró que el gobierno español había decidido contabilizar otros gastos como dedicados a familia, por ejemplo parte de lo dedicado a escuelas infantiles.
De esta forma, se ha mantenido la situación de la política familiar española, entre mínima y no-existente. Y lo que es peor, con una opinión generalizada entre los políticos y la sociedad, gracias a nuestros maravillosos publicistas de los medios de comunicación, de que hay que ayudar a los pobres y que los ricos se paguen sus caprichos… pero aplicado sólo a los hijos, por ejemplo, a nadie se le ocurre decir (al menos hasta ahora) que el plan PIVE sea sólo para las rentas bajas, o que las ayudas al cien se den sólo a los actores o directores con bajas rentas, o que las ayudas a los coches eléctricos se limite a los que ganen menos de lo que valen esos coches, etc. En definitiva, parece que en España no se puede ayudar a tener hijos a todos, a pesar de que cualquiera puede comprender que sería lo más justo y razonable. A pesar de que el derecho de los padres a tener hijos y a que la sociedad les ayude está reconocido a nivel internacional. A pesar de que sin hijos nos morimos como sociedad.
Tanta inquina, tanta cerrazón irracional no puede provenir sólo de inercias, no puede ser simplemente una herencia de la oposición al franquismo, no puede ser sólo una medida económica. Sólo unos prejuicios ideológicos, férreos, inmunes a la realidad pueden seguir profundizando en este error mayúsculo. La familia y los hijos son nuestro mayor tesoro, y la sociedad debe ayudarlos, a todos y en todo momento, porque cuanto más fuerte sean nuestras familias y más fácilmente puedan tener la descendencia que desena (un hijo más de media, según el CIS) más fuerte será nuestra sociedad y más fácilmente superaremos los intentos de conducirnos a una “democracia” teledirigida, neocapitalista y globalista.
La sociedad, y el Estado en su nombre, tiene la obligación de ayudar a las familias, que es distinta e independiente de la ayudar a los pobres. Necesitamos una ayuda por hijo universal y digna, que ayude de verdad y que mande el mensaje de que tener hijos es importante y valioso.
