El gobierno de Sánchez suplanta a los padres en la tutela y educación de sus hijos menores y les dice lo que pueden o no pueden hacer.
La prohibición de redes sociales a menores marca un nuevo paso del Gobierno de Pedro Sánchez en su estrategia de control social. Mientras limita el acceso digital, permite abortar o cambiar de sexo sin informar a los padres. El Estado decide. El menor obedece. La familia es ninguneada.
El mensaje resulta tan contradictorio como revelador: te prohíben TikTok o Instagram, pero te autorizan a tomar decisiones irreversibles sobre el cuerpo y eliminado, incluso, una vida. El poder político no solo sustituye al criterio familiar, lo elimina. El Gobierno se erige como tutor moral. Los padres pierden su autoridad natural.
El Estado sustituye a la familia
La prohibición de redes sociales a menores no responde a una preocupación real por la juventud. Responde a una lógica de control ideológico. El Gobierno no busca proteger. Busca dirigir y controlar. No educa. Adoctrina.
Pensar que prohibir el acceso digital protege al menor equivale a prohibir los libros para evitar ideas incómodas. Las redes no constituyen el problema. El problema surge cuando el Estado pretende decidir qué puede ver un niño, pero no quién puede protegerlo.
El discurso oficial afirma que las redes generan ansiedad, adicción y problemas mentales. Sin embargo, las mismas leyes permiten abortar sin consentimiento paterno. ¿El eliminar una vida no tiene consecuencias? ¿El síndrome postaborto no provoca problemas mentales? También autorizan cambios de sexo en menores sin evaluación familiar previa. Irreversibles. Sin vuelta atrás. Dos decisiones irreversibles. Dos actos con consecuencias físicas y psicológicas profundas. Esa contradicción revela el verdadero objetivo: desplazar a los padres.
El Gobierno ya no reconoce la patria potestad. Sustituye a la familia como núcleo educativo. Define lo correcto y lo incorrecto. Marca los límites morales. El Estado ocupa el lugar del padre. La ideología ocupa el lugar de la conciencia.
En esta escala de valores, visitar Instagram resulta más peligroso que eliminar una vida. Abrir una cuenta en TikTok se considera más dañino que mutilar el propio cuerpo. El poder político invierte el sentido común. Convierte lo aberrante en normal.
La prohibición de redes sociales a menores se convierte así en una herramienta pedagógica autoritaria. No protege. Controla. No cuida. Vigila.
El totalitarismo disfrazado de protección
El delirio prohibitivo de la izquierda adopta formas cada vez más claras. El Gobierno de Sánchez utiliza el lenguaje de la protección infantil para imponer un modelo moral estatal. No se limita a regular. Impone una visión del mundo.
La prohibición de redes sociales a menores sirve como excusa para normalizar la intervención estatal en la vida privada. Hoy limita el acceso digital. Mañana regulará la educación doméstica. Pasado mañana decidirá qué valores pueden transmitir los padres.
El Estado se convierte en tutor universal. El menor deja de pertenecer a su familia. Pasa a formar parte del proyecto político del Estado. La ideología reemplaza al afecto. La norma sustituye al amor.
Este modelo no nace de la preocupación. Nace del miedo al pensamiento libre. Un menor sin redes puede escapar del discurso oficial. Un menor sin padres no.
La familia frente al Estado
La prohibición de redes sociales a menores revela una tendencia peligrosa: el poder político ya no confía en la familia. La considera un obstáculo. La percibe como un espacio no controlado.
Por eso legisla para debilitarla y quiere eliminar su autoridad. Por eso decide en su lugar. El Gobierno no acepta que los padres eduquen según sus valores. Impone los suyos.
Esta lógica no resulta nueva. Los regímenes comunistas totalitarios siempre atacaron a la familia. Siempre buscaron romper el vínculo natural entre padres e hijos. Siempre sustituyeron la educación familiar por adoctrinamiento estatal.
La familia representa libertad. El Estado representa poder y control. Por eso chocan. El Gobierno legisla contra la patria potestad y convierte derechos parentales en privilegios revocables.
El verdadero peligro
La prohibición de redes sociales a menores no constituye una medida de protección. Representa un síntoma de un proyecto político que pretende sustituir a la familia por el Estado. El Gobierno de Sánchez no confía en los padres. Confía en la ideología. No protege a los niños. Los utiliza. No defiende su bienestar. Lo redefine según su agenda.
La verdadera amenaza no reside en TikTok o en Instagram. La amenaza real surge cuando el poder político decide por encima de la familia y quiere imponer sus dogmas. Cuando convierte la educación en ingeniería social. Sin padres libres, no existen hijos libres. Y sin hijos libres, solo queda el Estado total.
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