Sánchez, contra la libertad, el periodismo y la crítica.
El ataque sin precedentes a la libertad de expresión de Sánchez se materializa en un plan que prohíbe redes sociales a menores de 16 años y crea un sistema estatal para rastrear y perseguir opiniones mediante una llamada “Huella de Odio y Polarización”.
Un proyecto de control ideológico sin precedentes
El presidente Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero de 2026 una batería de medidas que marcan un antes y un después en la relación entre el Estado y la libertad de expresión.
El ataque a la libertad de expresión y la censura de Sánchez incluye la obligación de verificar la edad en redes sociales y la prohibición de acceso a menores de 16 años. También prevé la creación de un sistema de rastreo de mensajes para medir la llamada “polarización social”. El Gobierno afirma que busca un entorno digital “seguro y democrático”. Sin embargo, la realidad apunta hacia un modelo de vigilancia permanente y control poblacional.
Nunca antes un Ejecutivo en España había planteado un mecanismo estatal de monitorización ideológica a gran escala.
La “Huella de Odio”: la censura disfrazada de protección
Aunque los medios comunicación de Sánchez lo están centrando mayoritariamente en la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 16 años, el elemento más grave del plan es la llamada Huella de Odio y Polarización.
Se trata de un sistema de trazabilidad que rastrea mensajes desde su origen hasta su difusión masiva. La censura de Sánchez se articula así como un mecanismo de vigilancia del pensamiento. El Estado pretende mapear en tiempo real qué ideas considera “polarizantes” o “extremistas”.
El problema para empezar resulta evidente: ¿quién define qué es odio y qué es crítica legítima? Si el Gobierno controla ese criterio, cualquier disidencia puede convertirse en discurso peligroso. Esto no es protección. Es censura ideológica institucionalizada.
Además, tal como señalan los juristas, si lo que se dice en las redes sociales se considera punible ya está el código penal y los juzgados para dilucidarlo. Con esto, el Gobierno elimina la función de los juzgados y se convierten en juez y parte.
Responsabilidad penal de directivos y control del algoritmo
Otro pilar del plan es imponer responsabilidad legal directa a los directivos de plataformas digitales. La censura de Sánchez pretende que los ejecutivos respondan penalmente por los contenidos publicados. Además, el Gobierno quiere tipificar como delito la manipulación de algoritmos.
Esto implica otra vez que el Estado decidirá qué tipo de contenido resulta aceptable. No solo vigila. También condiciona qué información llega a los ciudadanos. El Ejecutivo deja de perseguir delitos concretos y pasa a controlar flujos de información. Ese cambio altera la naturaleza misma de la democracia
Prohibición de redes a menores: intrusión en la patria potestad
El plan también prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esta medida invade y usurpa directamente la patria potestad.
El ataque a la libertad de Sánchez sustituye el criterio de los padres por imposición legal. El Estado decide ahora cuándo un menor puede expresarse en el espacio digital. Se elimina la libertad educativa y la autonomía familiar. No protege. Usurpa funciones que pertenecen a la familia.
Además, hoy la prohibición afecta a menores de 16 años. Mañana puede afectar a mayores de 18. Después a colectivos considerados incómodos.
El ataque a la libertad de expresión y la censura de Sánchez sienta un precedente letal para las libertades civiles. Si el Estado lo consigue puede regular ya cualquier aspecto de la vida privada.
No existe sociedad sana sin libertad de expresión. Y no existe libertad cuando el Estado vigila el pensamiento, lo controla y lo reprime.
El efecto desaliento y la autocensura social
Juristas y expertos alertan del llamado “efecto desaliento” que va a producir. Saber que el Gobierno rastrea mensajes provoca autocensura. El ciudadano deja de opinar por miedo a sanciones. El debate público se vacía y solo quedan las voces aceptadas por el poder.
Todos los sistemas de control comienzan igual. Primero prometen protección. Después limitan derechos. Finalmente terminan convirtiéndose pensamiento único y reprimiendo a los críticos. Es el modelo propio de las dictaduras comunistas.
El ataque a la libertad de expresión y la censura de Sánchez representa una deriva extremadamente peligrosa hacia un modelo de vigilancia ideológica: rastreo de opiniones, control de algoritmos, prohibición de redes y persecución de plataformas configuran un escenario de control estatal del discurso.
Cuando el poder decide qué se puede decir, la libertad de expresión desaparece y la sociedad deja de existir. La libertad muere. La tiranía se consolida. Es lo que quiere conseguir Pedro Sánchez.
