La censura climática del Gobierno se refuerza con una campaña millonaria de “concienciación” y medidas contra la llamada desinformación, pero que, en realidad, es una amenaza a la libertad de expresión.
Propaganda climática financiada con dinero público
El Gobierno prepara una nueva campaña ideológica y de censura bajo el pretexto de la emergencia climática. La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, anunció que a comienzos de 2026 se lanzará una gran campaña de concienciación de la emergencia climática con el objetivo de «estar mejor preparados para actuar» y más adelante un paquete de medidas contra la desinformación climática.
La ministra confirmó estas medidas en una entrevista concedida al diario infoLibre. La censura climática del Gobierno se presenta como pedagogía, pero encierra un mensaje político cerrado. El Ejecutivo no busca informar. Busca dirigir el pensamiento de los ciudadanos mediante campañas institucionales.
La lucha contra la “desinformación” como coartada
Pero el anuncio más preocupante llega con el paquete de medidas contra la denominada “desinformación climática”. Según Sara Aagesen, el Gobierno ayudará a los verificadores con información “detallada y científica”.
La censura climática del Gobierno adopta así un lenguaje tecnocrático para justificar el control del discurso público. El poder político decide qué información resulta válida y cuál debe desaparecer del debate. Este enfoque choca frontalmente con la libertad de expresión. También vulnera el pluralismo científico y el derecho a la discrepancia.
El Gobierno convierte el cuestionado «cambio climático» en dogma ideológico. Quien cuestione el relato oficial queda señalado como desinformador y será censurado.
Ideología verde y control social
La emergencia climática funciona como nuevo eje de control político. El Gobierno usa el miedo como herramienta de movilización y obediencia. La censura climática del Gobierno no busca consenso. Busca uniformidad. Las campañas institucionales no admiten matices ni debate crítico. El ciudadano deja de ser sujeto libre y pasa a ser objeto de reeducación.
Este modelo recuerda a los esquemas clásicos de las dictaduras comunistas. Primero se define una verdad oficial. Después se persigue la disidencia bajo etiquetas morales.
La censura climática del Gobierno marca un nuevo paso en la erosión de las libertades fundamentales. El Ejecutivo utiliza dinero público para imponer un relato único.
