La ley liberticida LGTBI que promueven PSOE, ERC, Bildu y Sumar permitirá cerrar medios digitales y retirar publicaciones críticas mediante un mecanismo de censura gubernamental.
La ley liberticida LGTBI entra en el Congreso con el respaldo del bloque socialista
Una nueva ley liberticida LGTBI avanza en el Congreso. El PSOE, junto a sus socios comunistas y separatistas de ERC, EH Bildu, Sumar y BNG, impulsa un marco legal que permitirá cerrar medios digitales cuyas noticias se consideren “discriminatorias” con el colectivo LGTBI o con su cosmovisión. El Gobierno requeriría autorización judicial, pero dirigiría todo el procedimiento.
Estos partidos defienden esta reforma con la excusa de siempre de una ampliación de derechos, aunque la iniciativa abre un camino de control ideológico y de represión que persigue y castiga la libertad de expresión. El texto indica que el Ejecutivo podría retirar artículos o cerrar medios cuando un órgano gubernamental interprete que un contenido vulnera la “dignidad de la persona” o la orientación sexual, identidad o expresión de género.
El epicentro del proyecto se encuentra en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que asumiría la competencia para solicitar “interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información o retirar contenidos”. Esta estructura permitiría que un organismo dependiente del Gobierno ejerza una censura directa sobre medios críticos.
Este blindaje ideológico convierte la ley liberticida LGTBI en un instrumento que muchos juristas consideran incompatible con la democracia. El texto también menciona la protección de menores LGTBI, aunque el alcance real depende del criterio de la administración que controle el proceso.
Un procedimiento diseñado para señalar, censurar y cerrar publicaciones
El proyecto marca un recorrido de censura muy claro. El organismo gubernamental acusaría al medio. Ese señalamiento permitiría iniciar un juicio acelerado para bloquear contenidos. El organismo pediría a un juzgado habilitado el cierre del medio digital o la retirada de algunas noticias. El juez convocaría una audiencia urgente en un máximo de dos días. En esa vista participaría el acusador público, el Ministerio Fiscal y las “personas titulares de los derechos y libertades afectados”. Incluso terceros podrían intervenir en este juicio ideológico.
El juez decidiría en otros dos días si autoriza el cierre del medio o frena la ejecución. El proceso funcionaría como un engranaje de presión constante. Un simple señalamiento bastaría para paralizar a un medio crítico durante días. Muchas redacciones optarían por autocensurarse para evitar conflictos.
La ley liberticida LGTBI introduce además una ambigüedad peligrosa: el Gobierno definiría qué significa contenido “discriminatorio”. Con esa definición a la carta, cualquier artículo crítico con la ideología de género, sus postulados o la agenda política que impulsa ese bloque podría quedar bajo investigación.
Un ataque directo a los derechos constitucionales y a la libertad del periodismo
La reforma modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para penalizar las llamadas “terapias de conversión”. Sin embargo, sus socios usan esta tramitación para construir un mecanismo de control y censura informativa. El texto que debaten ahora los grupos del Gobierno ya supera el marco penal original y se convierte en una amenaza contra los medios libres.
Esta maniobra demuestra una estrategia común en la extrema izquierda ideológica: introducir medidas liberticidas a través de leyes que, en apariencia, buscan proteger derechos. El resultado final provoca una erosión profunda en el pluralismo informativo. Y la ley liberticida LGTBI representa el ejemplo más grave de los últimos años.
El Gobierno intenta crear un clima donde la crítica se convierte en delito moral y donde la ideología de género funciona como vara de medir. La ley liberticida LGTBI marca un punto de inflexión. Si el Gobierno cierra medios digitales bajo criterios ideológicos, España perderá uno de sus pilares esenciales: la libertad de expresión.
