La plaza fija a los diez años sin oposición podría ser ilegal

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Hay abogados del Estado que dudan de su constitucionalidad

El Gobierno aprobó el pasado miércoles la posibilidad de que los empleados públicos que lleven diez años o más en situación de interinidad accedan a una plaza fija sin realizar una oposición. Aunque se adujo que era para luchar contra la temporalidad en la Administración Pública, nace con muchas dudas sobre su constitucionalidad.

Miguel Borra -presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)- ha señalado que este anuncio de María Jesús Montero «genera inseguridad jurídica» y, además, ha destacado que «hay abogados del Estado que ya dudan de la constitucionalidad» de esta propuesta. «¿Por qué diez años y no tres? Esto genera muchas dudas y a muchos trabajadores les ha sembrado intranquilidad», se ha preguntó Borra en las mañanas de esRadio. «Veremos cómo acaba esto en tramitación legislativa», advirtió.

En este caso se aplicaría la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de méritos: «Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos», especifica el artículo. Sin embargo, desde la Abogacía del Estado se duda de la constitucionalidad de una aplicación masiva de esta opción a parte de las cerca de 700.000 personas que tienen un trabajo temporal en la Administración.

La Encuesta de Población Activa recoge que hay un millón de asalariados del sector público con un contrato temporal con el Estado. Se trata de la cifra más alta de toda la serie histórica coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, cuando la contratación temporal del Estado se ha disparado. De hecho, en solo tres años se han registrado los mismos temporales que en los cinco años anteriores.

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