Una plataforma ciudadana prepara un recurso judicial con el apoyo de la asociación que logró anular la ZBE de Barcelona
La oposición ciudadana contra las ZBE crece en toda España, y Tarragona se ha convertido en uno de los epicentros del rechazo. La plataforma Stop ZBE Tarragona, con más de mil seguidores, denuncia que la Zona de Bajas Emisiones prevista para diciembre de 2025 es una medida “injusta, insostenible y socialmente discriminatoria”.
El movimiento prepara ya un recurso contencioso-administrativo con el apoyo jurídico de la asociación ASCOPARC, responsable de la histórica sentencia que anuló la ZBE de Barcelona. Los tarraconenses advierten que esta normativa castiga a los ciudadanos humildes y no soluciona el problema real de la contaminación.
Un modelo bajo sospecha judicial en toda España
La oposición ciudadana contra las ZBE se refuerza con una sucesión de sentencias que ponen en duda la legalidad de estas medidas. El precedente más contundente lo marcó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anuló en 2022 la ZBE de Barcelona por considerarla discriminatoria y carente de estudios económicos. El Tribunal Supremo ratificó esa decisión en 2023, obligando al Ayuntamiento a devolver todas las multas impuestas.
La asociación ASCOPARC, con más de 5.000 socios, se ha convertido en un referente nacional en la defensa del ciudadano frente a los abusos medioambientales del poder político. Ahora colabora activamente con Stop ZBE Tarragona, ofreciendo asesoramiento legal y coordinando nuevas movilizaciones.
ASCOPARC recuerda que las Zonas de Bajas Emisiones “no reflejan la contaminación real de cada vehículo” y castigan a quienes no pueden permitirse cambiar de coche. Este planteamiento evidencia que, más que una medida ecológica, las ZBE se han transformado en un instrumento de control social y recaudatorio.
Un impacto económico y social profundamente injusto
Según las estimaciones de Stop ZBE Tarragona, alrededor del 30% de los vehículos locales carecen de etiqueta ambiental. Eso significa que miles de autónomos, padres de familia, personas mayores y pequeños comerciantes quedarán prácticamente inmovilizados.
La oposición ciudadana contra las ZBE denuncia un sistema lleno de contradicciones. Por ejemplo, un coche nuevo con etiqueta ECO puede emitir más CO₂ que un modelo antiguo prohibido. Un Opel Corsa de 1997 contamina menos que muchos híbridos actuales, pero no puede circular.
La fabricación de un vehículo eléctrico genera una contaminación industrial enorme. De hecho, los estudios señalan que necesita recorrer más de 140.000 km para compensar su huella de carbono inicial.
En nombre del “ecologismo”, se destruye el sustento de familias enteras, se arruina el comercio local y se favorece a las grandes marcas automovilísticas. Esa es la realidad que la clase política y los ayuntamientos, sometidos a la Agenda 2030, intentan ocultar.
España: resistencia social y judicial frente a las ZBE
El caso de Tarragona forma parte de una tendencia nacional que evidencia el fracaso del modelo. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, solo 55 municipios (32,5%) de los 169 obligados por ley tienen una ZBE operativa. El resto sigue sin aplicarla o en fase de pruebas, dos años y medio después del plazo legal.
El crecimiento de la oposición ciudadana contra las ZBE ha frenado la expansión de esta medida. A inicios de 2025, trece sentencias judiciales ya cuestionaban la legalidad de ocho ZBE en España. Los tribunales han detectado “ausencia de informes económicos”, “falta de proporcionalidad” y discriminación hacia los más pobres.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su fallo sobre Barcelona, dejó claro que las administraciones no pueden imponer restricciones sin evaluar sus consecuencias sociales y económicas. Los magistrados advirtieron que estas medidas impactan especialmente en los ciudadanos con menos recursos, lo que contradice los principios de igualdad ante la ley.
El caso tarraconense: contaminación real y manipulación política
Stop ZBE Tarragona denuncia que el Ayuntamiento miente al culpar al tráfico de la contaminación urbana. Los verdaderos responsables son las petroquímicas y el puerto, cuya actividad genera niveles de dióxido de nitrógeno muy por encima de los límites recomendados.
La incoherencia es evidente: el Ayuntamiento culpa al coche del ciudadano común mientras ignora las emisiones industriales y portuarias. Esta manipulación política demuestra que las ZBE no buscan mejorar la calidad del aire, sino someter a la población a los dictados del ecologismo ideológico.
Características de la ZBE de Tarragona
La ordenanza, aprobada en marzo de 2025, afectará a los barrios de Part Alta, Part Baixa, El Serrallo y Eixample. Estará activa de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas. En 2026, los residentes estarán exentos, pero a partir de 2027 solo podrán circular quienes estén censados dentro de la ZBE o quienes accedan a aparcamientos privados o públicos.
El Ayuntamiento instalará 44 cámaras de videovigilancia, con un coste cercano a 1,4 millones de euros, y prevé activar el régimen sancionador en 2027. Una vez más, se trata de una medida costosa e ineficaz que no mejora el aire ni la movilidad, pero sí multiplica el control ciudadano.
Una rebelión legítima contra la imposición ideológica
La oposición ciudadana contra las ZBE representa mucho más que una protesta local. Es una rebelión legítima contra el abuso del poder político, contra la imposición de la Agenda 2030 y contra un modelo que sacrifica la libertad individual en nombre de un ecologismo sectario.
Tarragona se suma a una ola nacional de resistencia cívica que defiende el derecho a circular, trabajar y vivir sin ser criminalizado. Lo que se presenta como una medida “verde” es, en realidad, una trampa ideológica que destruye empleos, castiga a las familias humildes y vulnera el principio de igualdad.
La justicia española ya ha empezado a dar la razón a los ciudadanos. Si los tribunales continúan actuando con independencia, la verdad terminará imponiéndose sobre la mentira.
La batalla contra las Zonas de Bajas Emisiones no ha hecho más que empezar, y Tarragona es hoy símbolo de esa España libre que no se somete ni al globalismo ni al engaño climático.
