Un tercio de los extranjeros logra residencia en España desde la ilegalidad, según datos oficiales. El Gobierno permite que miles regularicen su situación por arraigo.
La vía del arraigo, puerta de entrada para la inmigración ilegal
En mayo, 17.486 extranjeros no comunitarios recibieron permiso de residencia en España. Un tercio, es decir, 5.779 personas, lo obtuvieron tras vivir en situación ilegal.
El mecanismo del arraigo o de las “circunstancias excepcionales” se ha convertido en el principal canal de regularización. Para acogerse, el extranjero debe acreditar al menos dos años de permanencia en España, vínculos familiares o integración social.
Estos informes los emiten comunidades autónomas o ayuntamientos, en función del domicilio del solicitante. De este modo, el propio sistema facilita que quienes entraron de manera ilegal obtengan finalmente un permiso legal.
Requisitos y un sistema con escasos rechazos
El procedimiento exige no tener antecedentes penales y no representar amenaza para la seguridad o la salud pública. Sin embargo, los datos revelan que las peticiones rara vez se rechazan.
En el último mes registrado, solo una de cada seis solicitudes fue denegada. Dicho de otro modo: 6 de cada 7 solicitudes se aprueban. La inmensa mayoría estaban vinculadas al arraigo, lo que evidencia la enorme permisividad del modelo.
Mientras tanto, se tramitaron más de 21.000 autorizaciones de residencia, una cifra que refleja el peso creciente de este fenómeno.
Un historial de regularizaciones masivas
Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social confirman que desde 2014 se han concedido 1,79 millones de autorizaciones de residencia.
Estas se reparten entre tres fórmulas principales:
- Trabajo por cuenta ajena.
- Permisos por arraigo.
- Autorizaciones para trabajadores cualificados.
De todas ellas, casi medio millón estuvieron vinculadas al arraigo, consolidando esta vía como la preferida para quienes residen ilegalmente.
Además, la estadística revela que el 53 % de los permisos fueron concedidos a hombres y que los ciudadanos de Marruecos son los más beneficiados, con 269.662 autorizaciones.
El bipartidismo globalita -PSOE y PP-, impulsores de la inmigración masiva
No se trata de un fenómeno reciente. Antes de 2014, España vivió ocho regularizaciones extraordinarias impulsadas tanto por gobiernos socialistas como populares.
El ejemplo más llamativo se produjo en 2005, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó a 600.000 extranjeros en un único proceso.
Los dos primeros procesos extraordinarios se llevaron a cabo con Felipe González en 1985 y 1991, beneficiando a más de 147.000 extranjeros.
En total, más de un millón de inmigrantes consiguieron papeles en estos ocho procesos. Una política irresponsable que ha marcado la demografía y la convivencia en España.
España, paraíso para los ilegales sin control real
La realidad es clara: un tercio de los extranjeros logra residencia en España desde la ilegalidad, con un sistema pensado más para facilitar la inmigración masiva -legal o ilegal- que para proteger la soberanía nacional.
El discurso oficial habla de integración, pero los hechos muestran que la irregularidad se premia. Quienes entran ilegalmente, si logran permanecer dos años, casi tienen garantizada la residencia.
Esto lanza un mensaje perverso: vulnerar la ley acaba resultando rentable. Y mientras tanto, las familias españolas sufren inseguridad, precariedad laboral y falta de apoyo real.
El impacto de la inmigración descontrolada
Los datos no son neutrales. La inmigración masiva y las regularizaciones han tenido consecuencias directas en la sociedad española:
- Competencia en el mercado laboral, con bajada de salarios.
- Sobrecarga en los servicios sociales y sanitarios.
- Conflictos de convivencia en barrios y ciudades.
- Pérdida de identidad cultural y amenaza a la unidad nacional.
La Agenda 2030 y la ideología globalista promueven estas políticas para debilitar las fronteras y diluir la soberanía de España.
La permisividad frente a la seguridad nacional
El Gobierno presume de garantizar controles, pero la realidad demuestra lo contrario. Las exigencias formales —no tener antecedentes penales recientes o no representar amenaza— resultan insuficientes. Además, las comunidades autónomas y ayuntamientos, con criterios ideológicos, facilitan los informes de arraigo.
España se convierte así en un paraíso para la inmigración que abre sus puertas de par en par, sin pensar en las consecuencias para la familia, la seguridad y la libertad de los propios ciudadanos.
Tanto el PSOE como el PP – las dos caras de la misma moneda- han fomentado regularizaciones masivas que hoy pesan sobre la estabilidad del país. El arraigo y los procesos excepcionales se han convertido en una vía rápida para legalizar lo ilegal.
