Introducción
Llevamos muchos años de fracaso económico en España. La mala gestión de los sucesivos gobiernos de todos los colores nos está llevando a un estado de postración, con el riesgo potencial de una crisis de deuda, quiebra fiscal, crisis económica severa o una recesión; y para salir de esta situación necesitamos replantearnos urgentemente los criterios que se han utilizado en las políticas económicas de las últimas décadas. Se llevan aceptando implícitamente desde hace mucho tiempo una serie de “dogmas” o paradigmas que nos han conducido a la situación actual.
Si la política económica continúa como hasta ahora, es muy probable que España sufra una crisis económica sistémica. Los “solucionadores” de tal crisis, nuestros prestamistas (Unión Europea, FMI, BM, BCE) se complicarían muy poco la vida. Como garantía para la devolución de sus préstamos teniendo superávit fiscal nos obligarían a abaratar los despidos, bajar las pensiones, despedir funcionarios -y los restantes con menos sueldo-; encarecer y recortar los servicios básicos, subidas de impuestos y con un empobrecimiento generalizado, tipo Grecia años 2009-2018. Mejor ponerle antes solución.
Sin entrar en otros aspectos de política general, elaboraremos una propuesta de Criterios económicos (Criterios Básicos, Soberanía, Mercados, Sectores Estratégicos, Vivienda, Gasto Público, Fiscalidad), como una parte de la solución de los problemas de España, así como algunas propuestas concretas (en cursiva).
Valores
Son básicos los principios de ética, honradez, transparencia y austeridad. El Salmo lo explica mejor: “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas”. Tenemos que recuperar los valores, tanto los espirituales: Creencias, Moral, Ética, Patriotismo, Justicia, como los humanos: Responsabilidad, esfuerzo, lealtad, autoexigencia, excelencia, espíritu crítico, coherencia, autenticidad, sacrificio, y un largo etc.
Bien Común
Por Bien Común entendemos “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”
El Bien Común es un principio básico de la Doctrina Social Católica; no es ningún invento progresista ni socialista, y debe inspirar toda la acción política y económica.
La doctrina del Bien Común está basada en valores superiores (Compendio de la Doctrina Social Católica); incluye a todos los sectores sociales y todos los territorios; presenta una visión global de la Sociedad, y está por encima de partidismos o apriorismos ideológicos. Especialmente, superando perspectivas exclusivamente individualistas (liberalismo) o estatistas (socialismo).
Trabajo y propiedad
El pseudo-dogma marxista de la lucha de clases ha traído a la humanidad más situaciones de violencia, odio y explotación que cualquier otra idea. Frente a ello, una visión que incorpore la buena relación entre el trabajo y la propiedad y que se extienda a la Economía supondrá una importante ventaja competitiva, tanto en el aspecto económico como en otros aspectos inmateriales. La paz social, el espíritu cooperativo, la armonía empresarial, la proactividad, ensalzar la búsqueda de la excelencia, defender el mérito, sólo pueden suponer ventajas para una sociedad en la que ahora el Estado castiga a los emprendedores, enfrenta a los grupos sociales, promueve la dejación de la responsabilidad individual o favorece la vida subsidiada.
Universalidad de la Acción Social
Son varios los sectores de la sociedad española sobre los que hay que tener una atención preferente: las familias, los autónomos y pequeñas empresas, los profesionales, cuadros intermedios y trabajadores, los jubilados, la economía social, entre otros; y todos los sectores económicos: primarios, industrial y servicios.
Las familias
– Diseñar un nuevo sistema de beneficios fiscales para la familia, con incentivos a la maternidad, a la paternidad y a la conciliación, con reducciones adicionales de impuestos que les afectan y ayudas directas para mejorar su prosperidad en función del número de hijos, con especial foco en aquellas personas que se dediquen al cuidado de los hijos o de personas dependientes.
– Introducir una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que contraten a personas que han dejado la vida laboral un tiempo para el cuidado de los hijos, así como elaborar un convenio voluntario al objeto de establecer pensiones contributivas de jubilación para quienes trabajan exclusivamente en el propio hogar.
Los autónomos, las PYMEs, los pequeños negocios, las empresas familiares, deben ser cuidados por el Estado con las exenciones fiscales oportunas y la promoción de un ambiente social que favorezca su actividad.
Hay que destacar a un numeroso grupo social actualmente sometido al desprecio de nuestros políticos: Los profesionales que desarrollan su trabajo, bien en modalidad libre, en empresas o en la Administración; y los mandos o cuadros intermedios que forman parte de nuestro sistema productivo.
Todos ellos tienen la característica común de ser cualificados, por su formación, sus capacidades o su esfuerzo. Constituyen un sector crucial en el buen funcionamiento de la actividad económica y por ello son siempre los más perjudicados por el sistema: Una fiscalidad que les ahoga especialmente; una organización educativa que favorece la mediocridad y castiga la excelencia; el tratamiento de masa indiscriminada que las empresas globalistas y la Administración dan a estos colectivos; el ninguneo a que les someten los “sindicatos de clase”.
– Es imprescindible potenciar y distinguir a estos sectores. Una actitud adecuada de apoyo, de reconocimiento de su importancia y de su papel social, de promoción de la excelencia y de exenciones fiscales favorecerán que los auténticos motores silenciosos de la economía tiren con fuerza.
– Hay que facilitar la transparencia informativa fiscal en las nóminas: las cotizaciones sociales -un impuesto oculto que pagan los trabajadores a través de la empresa- deben integrarse en la nómina del trabajador como mayor salario bruto o, en su defecto, debe informarse en cada nómina del coste fiscal real del trabajador, para que todos conozcan con precisión cuántos impuestos pagan realmente, y cuál es la verdadera presión fiscal sobre el trabajo.
Otro sector en el que el trabajo y la propiedad están vinculados es la Economía Social, o Cooperativismo. Esta forma de trabajo presenta múltiples ventajas: favorece y extiende la propiedad individual, es un sistema solidario, y además es difícil que en nuestro mundo globalizado haya empresas o fondos extranjeros que adquieran cooperativas españolas: todo se queda en casa. Promover la Economía Social, el cooperativismo, implica apostar por un sector importante para mejorar nuestra soberanía económica y extender la paz social.
– Facilitar al máximo la creación de cooperativas. Posibilitar que los parados y los autónomos puedan pertenecer simultáneamente a cooperativas laborales o empresariales, sin incremento impositivo.
Queremos detenernos en particular en un grupo social muy numeroso, que está sometido a la voracidad impositiva y sobre el que se vierten innumerables falacias: los pensionistas.
Los miembros de la oligarquía partidista amenazan siempre con que una reducción de impuestos supondría, entre otros, el deterioro de las pensiones; ellos no se ven a sí mismos ni su propio coste o el recorte de sus múltiples privilegios (gastos pagados, buenos sueldos, pensiones más altas) como prescindibles; o también quienes criminalizan permanentemente el gasto en pensiones, olvidando muchos otros conceptos inútiles de gasto. Hora es ya de buscar soluciones a largo plazo.
Política como servicio
Otro de los dogmas no escritos en las prácticas del bipartidismo es el de favorecer sin límites a los cargos “políticos”, incluyendo en ese sector a todos los cargos electos, miembros de equipos de gobiernos y nombramientos digitales. Años de aplicar esta política sin control han propiciado el crecimiento desmesurado de una oligarquía partidista, que se ha incrustado en todos los lugares de la Administración, y que se ha tratado a sí misma con indulgencia –en sus faltas o delitos-, y con generosidad en sus retribuciones y abundantes nombramientos. Ya es hora de fijar máximos ejemplarizantes en las retribuciones de los cargos públicos, y en el número de los mismos y de sus “asesores”, así como controlar el cumplimiento de este principio.
Solidaridad y Patriotismo
Solamente construiremos una España mejor si entendemos el patriotismo como un ejercicio de solidaridad. Dado que existe un importante sector de españoles en situación de pobreza (un 9%) o en riesgo de estarlo (más del 26%), así como los parados, trabajos precarios, subempleo o con salarios muy bajos, es nuestra obligación moral como personas, como españoles y como cristianos resolver esta desgracia de nuestros compatriotas y definir las mejores políticas para paliar esa situación. Va a ser necesario estudiar con rigor la contribución de los distintos territorios y sectores sociales al conjunto de España, equilibrar con sensatez las aportaciones de todos, y prioritariamente fortalecer nuestra economía promoviendo la creación de riqueza, evitando las falsas políticas socialistas confiscatorias de “quitarle al rico para dárselo al pobre”, causantes de la mayoría de nuestros problemas.
Pleno Empleo
La aspiración a que todos los españoles puedan ejercer con dignidad su derecho a un trabajo debe figurar como uno de los pilares fundamentales del Estado, por encima de cualquier otra consideración.
El gasto del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) fue de 28.000 M de euros en el año 2024.
Conseguir el pleno empleo es una tarea compleja, que requiere que muchas políticas diferentes se lleven a cabo de manera efectiva y simultánea. Un Estado sin gastos por intereses de la Deuda, sin corrupción, sin despilfarros, optimizado en su funcionamiento, con una carga impositiva justa por parte de todos, con las inversiones adecuadas, con auténtica soberanía, tiene capacidad para resolver este acuciante problema, no tanto con intervenciones directas como promoviendo un marco general de creación de empleo. Además:
– En la legislación laboral y empresarial, facilitar la movilidad geográfica, funcional o de sector.
– Aplicación efectiva de la Ley de Extranjería. Devolución a sus países de origen de los inmigrantes ilegales y de aquellos que no tengan permiso de trabajo o de residencia, así como cualesquiera inmigrantes que cometan delitos. Auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.
Eficacia y eficiencia de lo público
Una de las falacias más admitidas en la defensa de gastos públicos innecesarios es la de promover el “interés social o cultural” de un gasto, aunque cueste una fortuna (pagada con nuestros impuestos), o tenga escasa o nula rentabilidad. Al final, ha servido para crear multitud de chiringuitos en los que se enchufan los miembros de la oligarquía partidista. Es sabido por todos que se pueden establecer de forma objetiva criterios de rentabilidad del Gasto Público. Hay muchas subvenciones y muchos organismos inventados.
Dentro de la administración pública existen multiplicidad de organismos con competencias comunes repetidas, en muchas ocasiones hasta quintuplicadas. La labor de eliminar competencias redundantes y simplificar todos los procesos administrativos es una tarea improrrogable. Y con muchos “servicios públicos” se puede establecer la forma más idónea de gestionarlos, pública, privada o mixta. Cuanta más libertad se deja a las personas para elegir (en sanidad, enseñanza, pensiones, servicios, etc.), son más eficientes las prestaciones.
Igual sucede con la recaudación de impuestos. Es conocida la curva de Laffer, que determina un máximo óptimo de porcentaje – que no es el máximo absoluto, ni mucho menos- recaudatorio a partir del cual se está castigando a la actividad productiva y al talento, e induciendo a todo tipo de estratagemas para pagar menos impuestos. Es necesario estimar la carga impositiva ideal para conseguir la máxima eficacia; en la que por supuesto la carga impositiva óptima es mucho menor que la actual.
Relectura de la Constitución
Si hacemos un análisis de La Constitución radicalmente opuesto a la izquierda, el centro y los separatismos, y aunque es un objetivo irrenunciable cambiar en profundidad una Constitución que no nos convence en muchos aspectos, vemos que hay varios artículos de la misma que los Gobiernos de España llevan décadas incumpliendo sistemáticamente: El derecho de todos los españoles a un trabajo digno (Art. 35) y al pleno empleo (Art. 40); distribución equitativa de la renta regional y personal (Art 40); una vivienda digna y adecuada, e impedir la especulación (Art. 47); a una jubilación suficiente para vivir con dignidad (Art 50);” la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía” (Art. 130); no deben existir privilegios en la CCAA (Art138), Impuestos no confiscatorios (Art.31). Las cifras y los datos están al alcance de cualquiera. Hay que incorporar reflexivamente buena parte de estos objetivos a nuestra propuesta económica.
También es importante saber lo que no dice la Constitución en ningún caso: NO obliga a mantener con dinero público a los partidos, sindicatos, patronales, ni a organizaciones de carácter ideológico. NO hay ningún artículo constitucional que propugne o defienda la llamada” discriminación positiva”; antes bien, al contrario, la Constitución establece un mandato de búsqueda de la igualdad, sin privilegiar económicamente a grupos ideológicos, territoriales o de ningún otro tipo.Por ello, no hay nada anticonstitucional en reducir al máximo o suprimir tales subvenciones. Y los titulares de derechos son los españoles. No existe ninguna obligación constitucional de dar subvenciones o ayudas a los no españoles.
Estabilidad presupuestaria. Auditoría permanente
Aquí se detecta uno de los problemas económicos más serios. Vemos cada día cómo los gobiernos del bipartidismo se gastan sin control millones en nuevas partidas, o nuevos gastos, después de que se hayan aprobado los Presupuestos de cualquier organismo o Administración.
– Debe cambiarse el marco legal para que los Presupuestos tengan una transparencia absoluta, y para que sea imposible el camuflaje de gastos “en varios” no previstos o nuevos, una vez que se han aprobado o prorrogado los Presupuestos. Con los avances en las Tecnologías de la Información, los Big Data y la IA, cada vez es más fácil conocer y controlar los gastos, con el grado de detalle que se considere necesario y la máxima visibilidad pública, para evitar la permanente aparición de nuevos gastos.
Cuestionamiento de oligarquías y Lobbies
Cualquier grupo que quiera conseguir privilegios en detrimento de otros aprovechando sus posiciones de poder ha de ser puesto en evidencia.
En su aspecto político, partidos, sindicatos, patronales y lobbies ideológicos. Por ello es tan importante evitar que sigan gastando con los impuestos de todos los españoles.
Y desde la perspectiva económica, todos aquellos grupos de interés que distorsionan la libre competencia, o se amparan en los poderes públicos para ejercer prácticas oligopolísticas sin permitir la liberalización de los mercados. Muchos grupos (telecomunicaciones, medios de comunicación, el duopolio televisivo, ayudas a la prensa, etc.) se valen de su cercanía al poder para impedir la libre competencia de otras empresas o para recibir ayudas millonarias a actividades ruinosas.
Desterrar la Corrupción
El coste de la corrupción en España es desmesurado. Hay quienes lo cifran en unos 60.000 millones de euros anuales. Estamos viendo la larga lista de casos de corrupción de los que es responsable el bipartidismo. Y se han concedido multitud de indultos a políticos condenados por corrupción; o se han desactivado sospechosamente causas judiciales sin razón que lo justifique. Hay que terminar con esta vergüenza del bipartidismo.
Consultar a los expertos y a la sociedad
Hay que consultar a los muchos think tanks y organizaciones de expertos existentes, así como a los profesionales en los temas económicos, fiscales o industriales, y a los representantes de los diversos sectores productivos. Aun con una perspectiva propia, la apertura a los expertos y a la sociedad aumenta exponencialmente su valor añadido y la amplitud de un proyecto político nacional. Los españoles agradecerán que haya propuestas de política económica inspiradas en criterios bien fundados y en las necesidades planteadas por la sociedad civil.
Proyecto para los próximos años
El cortoplacismo, pensar sólo en ganar las elecciones y luego “ya veremos” ha tenido unas consecuencias catastróficas en España. Es necesario definir un Plan Económico detallado a largo plazo, para varias legislaturas. Existen técnicas para hacerlo de forma correcta; entre ellas, la de el “Presupuesto de base cero”. Hay que tener la suficiente sinceridad para saber que nuestros problemas no se van a solucionar en una sola legislatura –y decírselo a los españoles-; y la suficiente perspectiva para construir el detalle de una España mejor con políticas económicas estables a medio plazo.
Quién No
Hemos hablado de oligarquías, de incumplimientos y dejaciones. Todo ello tiene unos responsables, en las últimas décadas. PSOE, PP, una extrema izquierda con distintos nombres (IU; UP, SUMAR), y los separatistas PNV, y CAT (también en sus diferentes marcas). Todos ellos han antepuesto sus propios intereses, ideológicos y personales, a las necesidades de los españoles. No pueden ser válidas las soluciones que pretendan aportar los mismos que han creado los problemas.
Voluntad
Vemos cada día un deterioro mayor de España. Catástrofes evitables, averías o mal funcionamiento de los servicios públicos, chapucería, indolencia, resignación cobarde o pulsiones autodestructivas. Al tercer mundo no se llega en un día, y vamos dando pasos en la mala dirección.
Queremos lo mejor para España. Ya es hora de sacudirse el yugo de la mediocridad. El amor a la Patria debe ser la energía que construya lo mejor de nuestro mañana. Esa es nuestra lucha.
Julio García | escritor
