¿Son cómplices el Rey y los jueces de blanqueamiento de García Ortiz?

La situación insólita a la que se enfrenta la imputación del fiscal general del Estado permitiría al Jefe del Estado y al resto de jueces el declinar su asistencia al acto, en base a la ley vigente.

El escándalo que sacude al Ministerio Público

El blanqueamiento de García Ortiz marca un nuevo capítulo en la crisis institucional española. El fiscal general del Estado, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, se aferra a su cargo y pretende legitimar su posición en el solemne acto de apertura del Año Judicial, el próximo 5 de septiembre.

La situación ha provocado una reacción inédita. Juristas advierten que el Rey Felipe VI y los jueces del Supremo podrían, en base a la ley vigente, declinar su asistencia para evitar aparecer junto a un alto cargo procesado.

Un fiscal general en la cuerda floja

El magistrado Ángel Hurtado instruye la causa contra García Ortiz y deberá decidir si suspende al fiscal general mientras avanza el procedimiento judicial. Sin embargo, lejos de apartarse, el titular de la Fiscalía ha decidido continuar como si nada ocurriera.

Su empeño en permanecer en el cargo no solo desafía la lógica jurídica sino que compromete la imagen de las instituciones. El blanqueamiento de García Ortiz no se limita a su persistencia, sino que se extiende a quienes lo acompañen en actos oficiales.

El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que corresponde al Rey presidir la apertura del Año Judicial. Sin embargo, el artículo 56 de la Constitución le otorga la función de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones». Según varios juristas, esa prerrogativa permite que Don Felipe quede exento de su presencia en casos de irregularidad.

El dilema del Rey y el riesgo de complicidad

La presencia del Rey Felipe VI junto a García Ortiz sería utilizada como un símbolo de legitimidad y blanqueamiento. El monarca debería cederle la palabra para la lectura de la Memoria Anual de la Fiscalía, un discurso sobre la criminalidad y la prevención del delito que resulta contradictorio cuando quien lo pronuncia está procesado.

El blanqueamiento de García Ortiz en este escenario no solo afecta a la figura del fiscal general. También arrastra a la Corona, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Supremo. ¿Qué autoridad va a tener un Rey que avala con su presencia a un imputado? ¿No sería más bien cómplice?

La presidenta del CGPJ y del Alto Tribunal, Isabel Perelló, ocupará asiento entre el Rey y García Ortiz. Aun así, esa distancia protocolaria no evita el riesgo de que la imagen de Don Felipe quede comprometida.

Un ataque directo a la credibilidad institucional

España atraviesa una crisis de confianza en las instituciones. La permanencia de García Ortiz al frente de la Fiscalía, a pesar de su imputación, refleja la degradación del sistema. El Gobierno lo nombró en dos ocasiones, ignorando las advertencias sobre su falta de imparcialidad.

El blanqueamiento de García Ortiz en el acto del Año Judicial sería la culminación de esa estrategia: normalizar lo que debería ser motivo de dimisión inmediata.

La Constitución no ampara la complicidad con la irregularidad. Al contrario, exige al Rey y a los jueces preservar el buen funcionamiento de la Justicia. Su ausencia en el evento enviaría un mensaje contundente de respeto al Estado de derecho.

La voz de los juristas y el papel de la ley

El blanqueamiento de García Ortiz no es un asunto menor. Afecta al principio de separación de poderes y a la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Justicia.

La LOPJ, en su artículo 181, establece que el Rey debe ceder la palabra al fiscal general para presentar la Memoria Anual. Sin embargo, ¿puede cumplir ese protocolo quien, según el instructor, terminará sentado en el banquillo?

El desafío a la soberanía nacional

Este caso refleja cómo los poderes del Estado se encuentran amenazados por la falta de responsabilidad política. La permanencia de García Ortiz se suma a la larga lista de escándalos que minan la soberanía nacional.

El blanqueamiento de García Ortiz representa una cesión ante la impunidad. Si las más altas instituciones lo toleran, se envía a la sociedad un mensaje devastador: las élites políticas y judiciales pueden actuar al margen de la ley.

La apertura del Año Judicial debería ser un acto solemne de reafirmación del Estado de derecho. Sin embargo, con un fiscal general procesado, se convierte en una escena de bochorno.

El blanqueamiento de García Ortiz no debe consolidarse con la complicidad de la Corona ni de la Justicia. La defensa de la legalidad y de la soberanía nacional exige un gesto claro: ausentarse del acto.