Los jueces y fiscales lo tienen claro: ultimátum al Gobierno por la »ley Bolaños»

El mensaje fue claro: las protestas continuarán «con la misma firmeza, unidad y determinación» que las acciones ya ejecutadas.

La independencia judicial en peligro: España entra en zona crítica

Sánchez amenaza la independencia judicial. No es una advertencia lejana. Es una realidad palpable que ha provocado una reacción sin precedentes de quienes siempre se mantuvieron al margen del ruido político: jueces y fiscales. Por primera vez se han echado a la calle, se han declarado en huelga y han alzado la voz contra el intento descarado del Gobierno de Pedro Sánchez por someter el poder judicial a los dictados de Moncloa.

La sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los defensores del Estado de Derecho llevan tiempo denunciándolo. Pero ahora es la propia estructura judicial quien se rebela. El detonante: la ley Bolaños, una reforma que abre la puerta al control gubernamental del aparato judicial. Es, sin lugar a dudas, el último paso del plan sanchista para consumar su particular golpe institucional.

Una protesta histórica: jueces y fiscales se levantan

No hablamos de una huelga más. Las asociaciones judiciales han calificado esta movilización como “histórica y sin precedentes”, con un seguimiento estimado del 70% en todo el país. Nunca se había producido un paro judicial de esta magnitud. Y eso solo puede significar una cosa: la independencia judicial en peligro ha cruzado todas las líneas rojas.

“La movilización responde a una causa superior: preservar la imparcialidad y el servicio público de la Justicia española”, han manifestado en un comunicado conjunto.

La protesta no es corporativa. Es institucional. No responde a reivindicaciones salariales o laborales, sino a la necesidad imperiosa de impedir que el poder ejecutivo secuestre a la justicia para sus fines políticos.

“Nos están llevando a una regresión democrática sin precedentes”, afirman fuentes de las asociaciones, quienes además han elevado su denuncia al Parlamento Europeo. Apelan directamente al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que garantiza el respeto a la independencia judicial dentro de los Estados miembros.

El aparato judicial se despierta ante la ley Bolaños

Tan mal han debido ver las cosas jueces y fiscales, que ahora, por primera vez, se movilizan públicamente. Históricamente reacios a implicarse en protestas, han comprendido que lo que está en juego no es solo la Justicia, sino el equilibrio institucional de todo el Estado.

La ley Bolaños propone una reforma del sistema de acceso a la carrera judicial que socava los principios de mérito y capacidad. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), este tipo de reformas vulnera los estándares europeos sobre independencia judicial.

Pero Sánchez y sus socios no solo no frenan, sino que aceleran. Saben que tienen poco tiempo. Saben que están acabados y desde el propio Consejo de Ministros se impulsa una reforma que pone fin a la separación de poderes.

Movilización nacional y respaldo popular

A pesar de los intentos del Gobierno por desacreditar la protesta, la ciudadanía ha mostrado un respaldo mayoritario a los jueces y fiscales. Estos, por su parte, han reiterado sus disculpas “por los perjuicios que estas movilizaciones hayan podido causar a la ciudadanía”, pero insisten: “El daño mayor sería dejar que el Gobierno controle el sistema judicial”.

Durante la jornada de huelga, los manifestantes portaban carteles con lemas como “Justicia libre, democracia viva” y “Separación de poderes, no manipulación política”. La movilización ha sido especialmente significativa en ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia, donde la afluencia ha superado todas las expectativas.

Además, numerosos juristas, catedráticos y abogados han respaldado el paro a través de tribunas, entrevistas y manifiestos. El consenso es claro: estamos ante una agresión intolerable al corazón mismo del Estado de Derecho.

Europa mira con preocupación

No solo España observa con alarma. Ya ha encendido las alarmas en Bruselas. Las gestiones realizadas por las asociaciones judiciales ante el Parlamento Europeo han dado frutos. Desde la Comisión se ha advertido que “España debe respetar los principios de separación de poderes y evitar reformas que comprometan la imparcialidad judicial”.

Este señalamiento internacional debilita aún más la ya deteriorada imagen del Gobierno de Sánchez. No se trata de un problema interno. Es un conflicto estructural que compromete el papel de España como Estado miembro de pleno derecho en la UE.

Además, esta presión internacional puede terminar arrastrando al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya sufren la parálisis y manipulación política por parte del Ejecutivo.

La independencia judicial está en peligro. No es una consigna más. Es la línea final que separa la democracia de la dictadura. Cuando los jueces tienen que declararse en huelga, es porque el poder político ha cruzado todos los límites tolerables.

Pedro Sánchez ha demostrado, una vez más, que está dispuesto a destruir todo lo que se interponga en su camino. Y eso incluye las instituciones. Por eso, la sociedad civil, los medios independientes y ahora también los jueces y fiscales, se han rebelado. Debemos cerrar filas.