El objetivo es garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida, así como promover y garantizar el aborto y a su libre decisión.
Con motivo de la modificación de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ha sacado una consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en la “modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” o más conocida como ley del aborto.
Según el texto publicado, entre los argumentos que proponen hablan de que “resulta necesario, reformar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, sea cual sea su situación administrativa o provincia de residencia, y consolidar la concepción de la salud sexual y reproductiva como una serie de derechos humanos que han de garantizarse durante las distintas etapas de la vida, desde un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional”.
Para llevar a cabo esta acción, Irene Montero pretende “garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida. En coherencia con las prioridades definidas en el Plan Operativo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se sitúa como necesidad fundamental la inclusión de la educación en sexualidad en el currículum a lo largo de todas las etapas de la vida, apostando por la elaboración de criterios de calidad para la formación en salud sexual, contenidos y metodologías educativas recomendables”.
Los objetivos que pretenden conseguir con esta reforma son:
-Promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva («eufemismo del aborto«) y a la libre decisión sobre el aborto.
– Garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida, así como el acceso a la anticoncepción.
– Reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en el aborto.
– Garantizar la equidad territorial, la accesibilidad, así como la eliminación de la estigmatización y el acoso, el conocimiento informado de las técnicas existentes para el aborto y de los distintos protocolos y circuitos que existen en las Comunidades Autónomas para acceder a esta prestación.
– Promover la formación de las y los profesionales sanitarios, potenciar la investigación y los estudios, así como el fomento de buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los buenos tratos, las relaciones respetuosas e igualitarias.
– Impulsar instrumentos que garanticen la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal (2007) en protocolos asistenciales, desde un enfoque de género, que promueva la autonomía de
las mujeres y el parto respetuoso.
(Con información de Infovaticana)